La fiscala Brígida Aguilar negó haber pedido informes a la empresa telefónica Tigo sobre el cruce de llamadas en el caso del crimen del joven Rodrigo Quintana.
Miguel Almada, Gerente de Asuntos Legales de la mencionada empresa, dijo que poseen el oficio en el que se hace un pedido de extracto de llamadas que había sido entregado el 23 de octubre de 2017 y en el que aparecen la firma y el sello de la fiscala Brígida Aguilar. Indicó que fue enviado dos días después al correo que supuestamente pertenece a la fiscalía zonal de la ciudad de J. Augusto Saldívar, cuya dirección sería ‘fiscaliaagustosaldivar@gmail.com’. En este orden, aclaró que algunos pedidos de unidades del Ministerio Público del interior del país son remitidos por internet por una cuestión de distancia.
Detalló que el documento de pedido de extractos de llamadas fue recibido en mesa de entrada, desde donde va al departamento de Asuntos Legales. “Ahí se verifica que la nota esté adjunta con los requisitos de ley, que esté firmada, sellada, numerada y que los números telefónicos que se solicitan sean claros como para que pidan lo que exactamente nosotros podemos dar”, explicó, añadiendo que “una vez que se corrobore toda esa información, se compilan los detalles y se envía el documento requerido a través del mail que el agente fiscal solicite”.
Señaló que, así como lo pidió la propia Aguilar, le han proveído a la fiscal de las copias de los documentos que fueron entregados a su nombre, confirmando que ella negó haber pedido esos datos a la telefónica. “Les mostramos los documentos y suponemos que ella tomará las medidas que estén a su alcance para esclarecer su caso”, manifestó. De hecho, la fiscala anunció que accionará judicialmente contra quienes publicaron la información de que supuestamente ella realizó el pedido a la telefónica.
Almada aseveró que de confirmarse la versión de la fiscal Aguilar “sería algo gravísimo” para el Ministerio Público, ya que se constataría que en la institución se están manipulando oficios fiscales con el objetivo de obtener datos sensibles de clientes de empresas telefónicas con fines no escrupulosos. “Esto haría que tengamos que redoblar nuestros esfuerzos como operadora para asegurarnos que las autoridades que dicen ser al momento de realizar pedidos, lo sean efectivamente”, expresó.
Afirmó que “estamos evaluando nuestras opciones y vamos a tratar de encontrar una solución que equilibre el derecho que tienen nuestros clientes al resguardo de su información personal con el derecho que tiene la sociedad de saber los procesos investigativos que llevan adelante sus autoridades”. Por esta razón, anunció que realizarán registros de las cámaras de seguridad para saber quién fue la persona que entregó el oficio a nombre de la fiscala Brígida Aguilar el 23 de octubre de 2017. “Una vez que tengamos la información la pondremos a disposición de la autoridad pertinente para esclarecer quiénes son las personas que estuvieron involucradas en este hecho”, manifestó.