De hecho, mencionó que hasta ayer ha presentado cuatro pedidos de diligencia, incluyendo una solicitud de pericia caligráfica, pero no han progresado. “Me dicen que yo no soy parte denunciada ni denunciante, pero yo soy la más perjudicada en estos momentos. Yo fui la primera en denunciar esta situación, pero esa es la explicación que me dan. No puedo hablar a ciencia cierta porque no tengo acceso a la carpeta fiscal”, expresó en contacto con La Unión R800 AM.
En fecha 12 de diciembre de 2017 Tigo respondió a una nota enviada supuestamente desde la Unidad Penal Nº 1 de J. Augusto Saldívar en la que se hacía un nuevo pedido de extractos de llamadas también de políticos y abogados, solicitud que fue rechazada por la firma telefónica porque pedía mayores elementos y presentaba demasiados errores de forma en el oficio.
Sobre el punto, Aguilar negó que el documento haya sido elaborado y reclamado por ella, manifestando que ella prestó servicios en la mencionada sede fiscal solo hasta el 30 de octubre del citado año. “A cargo de esa Unidad Penal en ese momento ya se encontraba la agente fiscal Otilia Aguilera, yo ya fui trasladada a la fiscalía de Luque cuando eso”, expuso. No obstante, afirmó desconocer la existencia de un tener oficio “porque no tengo acceso a la carpeta fiscal”.
Con relación a la primera nota que fue remitida a Tigo y en la que también supuestamente había pedido extractos de llamadas de políticos, empresarios y abogados, manifestó su sorpresa por la celeridad con la que actuó la empresa, ya que solo dos días después de haberse presentado la solicitud ya entregó los registros de llamados (se solicitó el 23 de octubre y fue entregado el 25 de octubre del año pasado).
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De acuerdo a informaciones de cierto medio impreso y digital, fue Óscar Correa, secretario de la fiscalía de J. Augusto Saldívar, quien retiró aquel primer pedido, motivo por el cual ya se encuentra imputado por presunta producción de documentos públicos no auténticos. Sobre el sujeto mencionado, la fiscala aseguró no haber contactado con él luego de haber salido de la sede fiscal de J. Augusto Saldívar.
Aguilar manifestó desconocer cuál es la razón por la cual utilizaron su nombre, asegurando que el problema en el que ella se halla en medio “es netamente político”. “El funcionario (Correa) es el que tendría que dar explicaciones porque supongo que al recibir un oficio o una contestación, lo primero que se hace es agregarlo a la carpeta de la causa que pertenece o, en todo caso, poner a conocimiento de su superior; no sé si efectivamente puso a conocimiento de Otilia Aguilera, que era la que ya estaba al frente en ese momento”, señaló.
Indicó que no considera que la empresa Tigo haya sido embaucada en torno a los registros de llamadas entregados a través de la primera. “Yo creo que también hay que investigar a las personas de la telefonía porque me hacen muchos inconvenientes para entregarme datos a mí, que soy la afectada”, manifestó, criticando que “tuve que ir en dos ocasiones (a la sede de la empresa) y en la segunda debí llamar a mi escribana para que me entreguen información. Me decían que no me pueden proveer nada porque yo no soy la investigadora del caso”. Por esta razón, señaló que solicitó las grabaciones de cámaras de circuito cerrado de las dos fechas en las que fueron remitidas las notas (23 de octubre y 28 de noviembre) para poder observar si algún funcionario fiscal se presentó a llevar esos oficios e identificar de quién se trató. “Me dicen que quizás ellos ya no cuenten con esa información, pero no pasó mucho tiempo. Una empresa de semejante magnitud no puede en 30 días estar borrando esos datos”, repudió.
Por último, negó nuevamente haber firmado cualquier oficio que se haya remitido desde aquella unidad fiscal requiriendo extractos de llamadas de varios políticos, empresarios y abogados.