El abogado Ricardo Preda es el defensor de los inversores salvadoreños que denunciaron a Luis Emilio Saguier Blanco, expropietario de Electrofácil, por supuesta estafa y producción de documentos en la venta del paquete accionario de la Sociedad Wisdom Product SAECA a la Sociedad Unicomer Latin America Co. Ltd., con un perjuicio de US$ 24 millones.
En ese orden, dijo que el grupo inversor extranjero presentó una segunda denuncia contra Gabriel Mersán De Gásperi, además de incluir también a Blanco, debido a que estos, ya sin ser dueños pero manejando la administración “confiando los inversores en ellos”, volvieron a cometer irregularidades. Por estas razones, indicó que ambos están imputados por estafa y documentos no auténticos.
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Así mismo, el letrado señaló que el hijo de Luis Saguier Blanco, Luis Saguier Cuquejo, y otras dos personas están imputadas por lesión de confianza y lavado de dinero.
En este sentido, manifestó que la jueza del caso, Griselda Caballero, decidió otorgar a Saguier Blanco una fianza de US$ 30 millones, en la cual “extrañamente la magistrada admite la fianza personal de los abogados Carmelo Caballero, Angelina Luna y Osvaldo Bittar sin que siquiera se haya solicitado si estas personas tienen el perfil económico para brindar ese tipo de fianzas debido a que existe la acordada N° 319/2004 de la Corte Suprema de Justicia en el que se señala que el Juzgado tiene que verificar si la persona que ofrece la fianza personal realmente cuenta con las condiciones económicas necesarias, y en este caso era multimillonaria: US$ 5 millones cada abogado”.
Sobre el punto, Preda aseguró que la jueza Caballero incumplió la mencionada acordada de la Corte. Seguidamente, expuso que “ellos pasan a sustituir esa fianza personal y ofrecen unos inmuebles en la zona de Itakyry, los cuales estaban fundados en certificados catastrales falsos, que la propia Dirección Nacional de Catastro había denunciado”.
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El abogado continuó manifestando que la citada institución informó a la jueza sobre la situación irregular. Sin embargo, omitió pronunciarse acerca del asunto, dictando “alegremente”, luego de más de dos meses del informe de la Dirección de Catastro (esta avisó en octubre de 2017 de la irregularidad), una resolución en la que decide ampliar la fianza. “En ese marco, Saguier Blanco ofrece un inmueble en Juan Manuel Frutos (Caaguazú) con una tasación de US$ 2.300.000 para sustituir los inmuebles que tenían problemas con los certificados catastrales”, señaló, agregando que “lo que habían olvidado estos es que en julio pasado ellos habían presentado ese mismo inmueble en la causa de lavado de dinero presentándola con una tasación de G. 3.600 millones, que son como US$ 600.000. Entonces, entre US$ 2.300.000 y US$ 600.000 hay una sustancial diferencia, casi de cuatro veces que le atribuyeron en esa segunda tasación”.
El letrado aseveró que todo esto ya fue informado al juez que tendrá a su cargo responder el dictamen, Gustavo Amarilla, sobre quien espera que responda al pedido de prisión para Luis Saguier Blanco, solicitado por la fiscal Silvana Otazú.
Indicó que todas las trabas judiciales fueron reveladas tras la filtración de audios del JEM, más aún porque se escucha a Carmelo Caballero, uno de los presuntos implicados en casos de asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias y quien funge de abogado de los expropietarios de Electrofácil.
Preda anunció que poseen más información acerca de irregularidades por parte de Saguier y Mersán, pero que las irán revelando de acuerdo a cómo avance el caso.
“Queremos que paguen por los hechos que cometieron”, expresó.