El abogado Ricardo Preda es el defensor de los inversores extranjeros que denunciaron a Luis Emilio Saguier Blanco, propietario de Electrofácil, por supuesta estafa y producción de documentos en la venta del paquete accionario de la Sociedad Wisdom Product SAECA a la Sociedad Unicomer Latin America Co. Ltd., con un perjuicio de US$ 24 millones.
En comunicación con La Unión R800 AM, criticó duramente la actitud de Carmelo Caballero, quien estaría implicado en el caso, ya que este sería quien abrió una imputación con los inversores extranjeros en conjunto con el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernández Lippmann. “Buenos abogados no son los que buscan al secretario del Jurado para coaccionar fiscales, ni prometen pagar por imputaciones. Buenos abogados son los que presentan escritos que tienen contenidos jurídicos y los que tienen la habilidad, a través de su palabra y argumentación, de convencer a un fiscal o un juez”, cuestionó en referencia al exministro del Interior.
Continuando, señaló que “yo ejerzo la profesión (de abogado) desde hace casi 17 años, dejé la función pública hace ocho años y no me quejo de cómo me ha ido. Nunca he necesitado a un simple secretario o al presidente del Jurado para que coaccione o ‘apriete’ a un fiscal porque esta no hace lo que yo quiero”. En ese orden, dijo que Caballero “denota una incapacidad intelectual y profesional para argumentar a favor de sus clientes”.
Aseveró que este tipo de hechos frustra a los buenos abogados profesionales y a los jóvenes que estudian la carrera de Derecho “para poder convencer por medio de sus argumentos a un fiscal”. “Muchas veces creemos la razón y no le convencemos al fiscal y él también, así como el juez, tiene todo el derecho de tener una posición distinta a la nuestra. Siempre y cuando tenga una posición correcta y fundada, debe ser respetada y no acudir a los amigos para tratar de arruinarle la carrera a un profesional”, mencionó, añadiendo que “eso solamente lo hace un sujeto miserable”, en alusión a Caballero.
Preda explicó que los inversores extranjeros fueron engañados por Luis Emilio Saguier Blanco y Gabriel Mersán De Gásperi, quienes eran los anteriores propietarios de Electrofácil. Estos, según el letrado, hicieron figurar que el patrimonio de la empresa alcanzaba los US$ 30 millones, cuando en realidad no alcanza los US$ 6 millones, hecho que ya fue denunciado.
En este sentido, afirmó que él fue contratado por los inversores extranjeros en una segunda denuncia, ya que, los mismos dejaron a Saguier Blanco y Mersán aún administrando la sociedad de la cual ya habían vendido las acciones. “Dentro de esa sociedad volvieron a cometer a fraudes que comprometieron a la empresa”, detalló, agregando que por esta causa no solo se encuentra imputado Saguier Blanco sino también su hijo, Luis Saguier Cuquejo y otras personas más por lesión de confianza y lavado de dinero.
En este orden, expuso que como “estrategia”, Carmelo Caballero y otros abogados, antes que presentar argumentos técnicos sobre las denuncias que pesaban contra Saguier Blanco y compañía, abrieron imputaciones contra los inversores extranjeros. “Extrañamente, la fiscal (del caso) Teresa Sosa, dos horas después de que hayan presentado esta denuncia posterior a las nuestras, allana el local de Electrofácil y yo creo que si no hubiésemos intervenido rápidamente, incluso hubieran imputado a los inversores extranjeros cuando en realidad ellos eran las víctimas”, señaló. “Cuando hay un audio en el que dicen que piden imputaciones y que van a pagar por ellas se refieren a eso, pagar imputaciones contra los inversores extranjeros”, agregó.
Mediante los audios, se reveló que Luis Saguier es amigo de Óscar González Daher, en ese entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Además, denunció que Saguier Blanco, uno de los implicados, fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión, a pesar de que presentó como fianza inmuebles registrados con documentos catastrales de contenido falso, lo cual fue ratificado por la Dirección Nacional de Catastro. Esta institución informó a la jueza Griselda Caballero de la situación. Sin embargo, esta omitió resolver el asunto, más allá que desde hace un mes tiene conocimiento sobre ello. “Parece un chiste, pero no lo es. Como país no damos buena imagen con que te estafen y antes de que la justicia tome medidas contra los estafadores, resulta que las víctimas casi fueron imputados”, aseveró, añadiendo que “ahora con los audios sabemos qué ofrecimientos habían por detrás”.
El grupo de inversores extranjeros es de El Salvador.
Por último, manifestó que espera que, con todas las revelaciones que han salido en las últimas semanas, la justicia de nuestro país se reencauce y ya no esté influenciada por política ni dinero.