Este lunes se abrió una imputación y pedido de prisión preventiva contra el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, por supuesto enriquecimiento ilícito, y de su esposa, María Selva Morínigo de Díaz, por lavado de dinero.
La fiscal interviniente, María Estefanía González, explicó que pidió la imputación y la orden de detención del exfiscal debido a que, tras una evaluación de sus salarios percibidos como funcionario público, se encontraron montos que no coincidían con sus ingresos. “(La diferencia) provendría de otros ingresos no conocidos”, expuso en contacto con La Unión R800 AM, detallando que los sueldos analizados corresponden al período comprendido entre los años 2013 y 2017.
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Indicó que todos los datos que maneja la Fiscalía fueron proveídos por las entidades bancarias en las que Díaz Verón y su esposa aparecen como titulares de cuentas, concernientes a depósitos e informes relacionados.
Todas las cuentas del matrimonio fueron bloqueados, confirmó la agente, además de solicitar el embargo de todos sus bienes.
Según el Ministerio Público, el dinero injustificado de Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo acumula la suma total de G. 3.763 millones, número que podría aumentar conforme al avance de las investigaciones.
En este orden, aclaró que Morínigo no puede ser imputada por enriquecimiento ilícito debido a que no es funcionaria pública, aunque sí está investigada por lavado de dinero, cuyos salarios ganados tampoco coinciden con sus bienes.
Así mismo, señaló que el exfiscal general del Estado presenta gastos por G. 1.147 millones, mientras que su esposa, por unos G. 991 millones, en lo que refiere a ingresos. Además, mencionó a depósitos bancarios por G. 1.625 millones.
También citó los “aportes” realizados a empresas presuntamente “fantasmas”, los cuales ascenderían a casi G. 2.300 millones. Sobre el punto, González aseveró que se está investigando también a los hijos de la pareja imputada, ya que aparecen como “accionistas” de las firmas en cuestión, denominadas “Lagunita SA”, “Canto Rodado SA”, “Salti River SA” y “Yeruti Comunicaciones”.
Por esta razón, no descarta que se puedan abrir otros procesos tanto contra el matrimonio como contra sus hijos.