La fiscal que investiga a Javier Díaz Verón, María Estefanía González, confirmó que han encontrado montos considerables que no coinciden con los ingresos legales declarados con sus respectivos gastos, en una conferencia de prensa desarrollada este lunes en la sede del Ministerio Público.
En este orden, señaló que el exfiscal general del Estado presenta gastos por G. 1.147 millones, mientras que su esposa, por unos G. 991 millones en lo que refiere a ingresos. Además, hizo alusión a depósitos bancarios por G. 1.625 millones, que representan supuestamente en concepto de “honorarios profesionales”. Sobre todo este dinero, afirmó que no hay correspondencia con los ingresos de la pareja y “no tienen fuentes conocidas”.
En el caso de su esposa, imputada por lavado de dinero, dijo que se ha verificado que existe un monto de G. 991.548.266 que no ha sido justificado. En el mismo orden, dijo que también se pudo identificar, mediante informes de bancos, todos los depósitos que la misma habría realizado en efectivo de un monto de G. 1.625.664.188, los cuales se hicieron en depósitos en efectivo y ella había justificado en concepto de “honorarios profesionales” del 2013 al 2017. Sobre el punto, González mencionó que todos estos números se basan en informes solicitados a bancos y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD).
En este sentido, la agente señaló que los montos irregulares podrían ascender, ya que también se investigan las cuatro empresas de la familia denominadas “Lagunita SA”, “Canto Rodado SA”, “Salti River SA” y “Yeruti Comunicaciones”, que en total capitalizan G. 2.260.000.000. Las sospechas del Ministerio Público rondan en que estas firmas serían solo “de cortina”.
González señaló que al constatar la empresa Salti River se menciona, según la defensa, que tendría las oficinas conformadas por personas. Sin embargo, “en esa constitución se verificó que es un baldío, que no existe dicha empresa que se menciona”, aseveró.