Marta Peña, directora general de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud, afirmó que, de los US$ 514 millones que le habían sido transferidos entre marzo y abril pasados para afrontar la pandemia del COVID-19, a la cartera sanitaria le sobran US$ 230 millones.
“El dinero no solo fue para insumos y medicamentos, sino también para financiar recursos humanos para enfrentar la emergencia. Por ejemplo, US$ 65 millones se destinarán al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la construcción de un nuevo laboratorio y la reparación y mantenimiento de algunos hospitales”, expuso Peña en diálogo con La Unión.
En ese sentido, la directora indicó que de ese mismo dinero fueron abonados US$ 10 millones a Gamaleya, el instituto ruso desarrollador y fabricante de las vacunas Sputnik V, que corresponden a una partida por fuera del Programa COVAX. Sin embargo, no precisó cuántas dosis y cuándo arribarán a nuestro país, pese a que ya se pagó por ellas.
De hecho, durante la sesión de este martes de la Comisión Permanente del Congreso a la que fue convocado Julio Mazzoleni, tampoco el ministro de Salud reveló la fecha de llegada ni cuántas vacunas rusas fueron compradas.
Peña señaló, así mismo, que de esa plata se pagó un anticipo cercano a los US$ 3,6 millones a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que a través de su programa COVAX provea de vacunas a nuestro país. El monto total a pagar por las dosis es de US$ 38 millones, detalló.
La directora también mencionó que fueron pagados “termos” para distribución de vacunas y están en proceso de pago congeladoras para complementar lo que ya posee el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
Compras vía UNOPS
Por otro lado, aseveró que se realizó la entrega de US$ 1.300.000 a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra de atracurio y midazolam, medicamentos muy utilizados para pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, de laboratorios mexicanos. Este organismo internacional cobra aproximadamente entre el 4% y 4,5% del valor de la adquisición.
Consultada sobre si la cartera sanitaria puede realizar estas adquisiciones por su cuenta, dijo que “hay que arreglar a nivel de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)”, indicando que las compras internacionales “no están reglamentadas a menos que sea a través de estos organismos”.
Sobre el punto, Peña aseveró que, como esa normativa limita este tipo de compras, las de atracurio y midazolam serán las últimas adquisiciones mediante esta vía.