Coscia afirmó que es “rarísimo” que el proceso haya sido apresurado tan considerablemente teniendo en cuenta que todos los pasos de la denuncia, desde que fue presentada, lleva más de 15 años, mientras que el tiempo entre la recomendación y la fijación de la audiencia tiene una diferencia de apenas seis meses.
Dejó en claro que el monto de US$ 63 millones “no es un invento”, sino que se basa en que la recomendación emanada en el año 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sugiere que se repare el daño a las supuestas víctimas “hasta que las víctimas sean satisfechas en sus pretensiones”.
“La pretensión de las víctimas es de US$ 63 millones. De ahí surge el monto”, explicó en comunicación con La Unión.
El procurador aseguró que, más allá de los antecedentes negativos que tiene el Paraguay con la CIDH, ante la cual ha perdido en todos los casos, el gobierno actual peleará hasta el final para no pagar a estas dos sujetos, quienes se hallan prófugos de la Justicia paraguaya y en estatus de “refugiados” en el Brasil tras haber presentado una denuncia ante la Comisión en cuestión por supuestas torturas.