“Tenemos varios presupuestos de 5 empresas, varia en un promedio de 175 a 270 dólares por cada una de las tobilleras al mes, podemos empezar con un plan piloto con 200 unidades”, declaró Miguel Ángel Barchini en conversación con Martina Cardozo.
“Hay una doble situación: el Estado paraguayo no tiene porqué pagar a personas privadas de libertad que estén en sus casas, controlados por el sistema tecnológico que puedan ir a trabajar, entonces que pague la persona que está utilizando el servicio y aquellos que no pueden está programado que podamos subsidiar”, agregó.
“Esta semana tendremos la redacción definitiva del decreto que regulará la ley”, aseguró.
También resaltó la situación del feminicidio de Katia Brítez , asegurando que en caso de haberse implementado se pudo haber evitado el trágico suceso. “Con el uso de la tecnología pudiéramos haber evitado esta desgracia que ocurrió la semana pasada”.
“Si la persona está bajo orden judicial, presa, procesada y yendo a un juicio en corto tiempo, para salir en libertad tendrá que si o si usar el medio tecnológico”, sentenció.