Torres explicó que a Da Silva, de profesión abogado y quién trabaja en el área de asesoría jurídica del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), le había sido solicitado un informe con respecto a unas propiedades en el Chaco por parte de la Dirección de Transparencia. Sin embargo, el funcionario en cuestión nunca lo entregó.
En ese orden, el presidente del INDERT, al enterarse de esta situación que se reiteró en varias ocasiones, pidió su traslado a la sección de Recursos Humanos, y que solo se trató de eso.
“(Da Silva) es una persona que gana G. 8 millones mensuales acá en el INDERT, y pedirle US$ 50.000… No sé de dónde va a sacar”, expuso en contacto con La Unión, mencionando que el supuesto “intermediario” en el pedido de coima fue Alfredo Morínigo, un político colorado del distrito de Azote’y, Departamento de Concepción, a quien Torres dijo desconocer.
El presidente de la entidad dejó en claro que no tiene nada que ocultar y que se pone a disposición de la Fiscalía ante cualquier llamado a declaración a la cual sea convocado.