Arrúa explicó que la irregularidad principal radica en que las obras pretenden realizarse en territorio que pertenece a la ciudad de Mariano Roque Alonso y no de Limpio, cuando el proyecto afirma que el terreno pertenece a este último municipio, violándose la ley Nº 10.054, que establece los límites entre estas localidades.
Por esta razón, el plano debe ser aprobado por la ciudad correspondiente.
Además, habló sobre un impacto ambiental en el sitio, argumentando que los pescadores han pagado al Ministerio del Ambiente por una “canchada” del río (lugar donde pueden pescar) y, sin embargo, en el sitio ya no hay peces porque desde hace cuatro meses se vienen haciendo labores de refulado en la zona por parte de la empresa Vimérica SA.