Donald Trump ha logrado que una derrota judicial de primera magnitud se convierta en una victoria electoral clave para las elecciones presidenciales de noviembre, en las que se juega la reelección. La derrota es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado que la Justicia y el Congreso de ese país tienen derecho a tener acceso a las Declaraciones del IRPF y a los estados financieros de las empresas del presidente de ese país. La victoria se debe a que esos documentos seguirán, casi con total certeza, ocultos a la opinión pública hasta después de las elecciones de noviembre.
Así, Trump, que lleva luchando desde que se presentó como candidato hace cinco años para que sus finanzas y sus impuestos no sean hechos públicos -algo que rompe con la tradición política estadounidense del último medio siglo- podrá concurrir a las elecciones sin tener que dar explicaciones en esas materias.
La clave es que lo que a nivel institucional tiene un valor, en la arena política es muy diferente. En el primero de estos planos, las dos sentencias -respaldadas por una amplia mayoría de los magistrados, incluyendo a los dos nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh- se pueden resumir en las palabras con las que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reaccionó al conocerlas: “El Tribunal Supremo, incluyendo a los jueces propuestos por el presidente, ha dictaminado que no está por encima de la ley”.
Aunque la afirmación de Pelosi tiene una clara motivación política, repite casi textualmente la opinión de la mayoría que votó en contra de las demandas de Trump de impedir que la Fiscalía de Nueva York acceda a sus finanzas. “Hace doscientos años, un gran jurista de nuestro Tribunal estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está por encima de la Ley (…). Hoy reafirmamos ese principio, y sostenemos que el presidente no tiene en absoluto inmunidad ante citaciones de la Justicia penal de los estados”, afirma el texto, firmado por el presidente del Supremo, John Roberts, un republicano que fue nombrado por George W. Bush. La frase es un rechazo frontal de la defensa legal de Trump, que afirmaba, literalmente, que el presidente de Estados Unidos tiene inmunidad legal absoluta.
En el segundo caso, el Supremo ha ratificado que, de acuerdo con la legislación vigente, la Cámara de Representantes, que preside Pelosi, tiene derecho a examinar las Declaraciones del IRPF de Trump. De hecho, el Congreso de Estados Unidos está facultado legalmente a acceder a los documentos fiscales no solo del presidente, sino de cualquier persona que pague impuestos en el país.
En este caso, el argumento de la defensa era que la Cámara no había justificado suficientemente los motivos de su demanda, y que las razones oficiales – posibles vínculos con terceros países, fundamentalmente Rusia, y blanqueo de dinero – eran solo una cortina de humo para ocultar las verdaderas motivaciones políticas de la exigencia.
POLITICAL WITCH HUNT!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020
Hasta ahí, la parte institucional, que refuerza la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la separación de poderes y supone un derrota sin paliativos para Trump. El presidente reaccionó con su habitual vehemencia en Twitter, donde colgó de manera inmediata una batería de diez mensajes denunciando una “CAZA DE BRUJAS” y “ACOSO PRESIDENCIAL” (en mayúsculas) y declarando que las acciones del Supremo son “una persecución judicial”.
UNA SENTENCIA CON IMPACTO RETARDADO
En realidad, sin embargo, esas sentencias pueden tener impacto…en 2021. La razón es que el Supremo, aunque ha dado la razón al Congreso y a la Fiscalía neoyorquina, ha devuelto ambos casos a los tribunales, aunque por diferentes razones.
En el caso de Nueva York, la clave está en que el dictamen del Supremo establece que Trump no tiene más argumentos legales a su favor que cualquier otro ciudadano para evitar que sus impuestos sean examinados por los fiscales. Eso implica que la investigación sobre los pagos de Trump a mujeres con las que mantuvo relaciones sexuales a cambio del silencio de éstas, que es lo que se está investigando en ese caso, puede seguir adelante. Pero esa investigación estaba paralizada a la espera de la decisión del Supremo. Y, aunque ahora puede volver a arrancar, parece poco probable que sus responsables sean capaces de articular una acusación formal del presidente antes de las elecciones.
Hay un segundo factor. Según el Supremo, Trump no puede usar el argumento de que es presidente para paralizar la investigación. Pero eso no implica que no pueda tratar de lograrlo simplemente estirando los plazos al máximo, o usando al máximo las herramientas que le da la ley a cualquier ciudadano. Es algo que el presidente ha hecho en multitud de ocasiones en los más de 3.500 litigios legales que, según una investigación del diario ‘USA Today’ en 2016, ha tenido en su vida. Si alguien sabe cómo usar la Justicia de Estados Unidos en beneficio propio, es Donald Trump.
En el caso del Congreso, el Supremo establece que la Cámara de Representantes, aunque tiene razón, no ha argumentado lo suficiente las razones de su demanda. De nuevo, eso significa que los servicios jurídicos del Legislativo deben presentar sus argumentos en un tribunal de primera instancia. Eso significa, una vez más, estirar el proceso, con el agravante, para los demócratas, de que ahora deben afinar mejor sus tesis si quieren llegar a ver los impuestos del presidente.
De nuevo, parece imposible que lo logren antes de que la Cámara se disuelva en octubre para las elecciones legislativas que tienen lugar en noviembre, el mismo día que las presidenciales. Los impuestos de Donald Trump seguirán, así pues, siendo un secreto comparable a los planos de la bomba atómica o a la fórmula de la Coca-Cola hasta, por lo menos, 2021.
Con información de EFE.