Los independentistas catalanes anunciaron solemnemente en el parlamento local que si triunfa la secesión en el referéndum del 1ª de octubre próximo la proclamación separatista se realizará en 48 horas, el 2 o 3 e octubre.
Los partidos independentistas Esquerra Republicana, Partido Demócrata (ex Convergencia y Unión, pujolistas) unidos en la coalición Juntos por el Sí y la izquierda radical antisistema de la CUP (Unión Popular), que integran el bloque secesionista con mayoría en el parlamento, presentaron hoy una Ley del Referendo de Autodeterminación.
La iniciativa no tiene registro oficial para evitar la actuación del Tribunal Constitucional. Además de la declaración de Independencia, en caso de referéndum afirmativo, si gana el “No” se convocará de forma inmediata nuevas elecciones autonómicas para elegir otro parlamento.
Según Jordi Turull, máximo dirigente de la coalición “es la ley más importante porque pone en manos de los ciudadanos el futuro del país”. Se trata de “una ley para un régimen excepcional”, porque prevalece esta ley sobre las otras y ampara personas físicas y jurídicas que participen en la organización de la consulta. La norma no solo regulara el referéndum sino también implementara el resultado.
En un preámbulo que realiza lo que en las semanas anteriores se definía como “un acto de soberanía”, indica que el proyecto permite desconectarse del ordenamiento jurídico español e implantar una legislación catalana porque “Cataluña es un sujeto político soberano”. Esto ya ha sido dicho y votado varias veces en el parlamento catalán y se presenta la nueva Ley para amparar el referéndum.
El proyecto destaca la creación de un Censo Electoral que “no requerirá la autorización previa de los ciudadanos para inscribirse”.
Pero, el Tribunal Constitucional, al que recurrió varias veces el gobierno, declaró ilegal el referéndum porque no está previsto en la Carta Magna democrática de 1958. Los temas de soberanía conciernen, según la Constitución, a todos los españoles, lo cual es rechazado por los los independentistas quienes quieren que el plebiscito sea limitado a los catalanes.
Además, de la inconstitucionalidad a menos de 3 meses del referéndum ilegal del 3 de octubre, la Generalitat no ha logrado reunir ni el mínimo de los elementos materiales para realizar la consulta. No hay urnas, ni boletas electorales, ni sobres, ni los manuales prescriptos, ni el Censo indispensable. Tampoco un programa electrónico que controle y compute los votos. Sin este servicio es imposible realizar cualquier acto electoral en toda Cataluña.
Así mismo, es imprescindible la creación de una Junta Electoral, que debe ser aprobada por el parlamento y en la que deben estar integrados magistrados que ya han anunciado que no actuarán en ninguna acción ilegal como la que plantean los independentistas.
Por eso, la Ley de Referéndum anunciada hoy prevé la creación de una “Sindicatura Electoral”, que según las autoridades españolas carecerá de las garantías de neutralidad y el pluralismo de las contiendas electorales. También debe asegurarse un plazo de convocatoria que permita una campaña electoral en las que participen las fuerzas en pugna. Pero los separatistas quieren estirar la convocatoria oficial por la Generalitat para impedir que actúe el Tribunal Constitucional.
La Sindicatura también realizará el sorteo de los miembros de las mesas. Todos los ciudadanos pueden ser llamados a presidir o ejercer una vocalía en unas de las 8.500 mesas. Eso sí, nada se ha dicho de qué pasará con aquellos que se nieguen a cumplir tal cometido.
El artículo 30.2 de la ley señala que “los ayuntamientos pondrán en manos de la Sindicatura los locales necesarios” para llevar a cabo el referéndum. Y si no fuera así, “la Generalitat podrá habilitar los locales” precisos para dar cumplimiento a las necesidades de las secciones electorales.
Estas iniciativas han intensificado una crisis interna entre los independentistas. Una figura importante, y ministro consejero de la Generalitat. Jorg Biaget, desató un escándalo cuando afirmó públicamente que “el referéndum no se podrá realizar”. De inmediato, el presidente Carles Puigdemont, de su propio partido, (ex Convergencia), lo expulsó del gobierno “por falta de confianza”.
Varios dirigentes salieron a apoyar a Biaget. Lo calificaron como “un golpe de estado contra el partido”. Otro importante líder, Frances Homs, criticó severamente el despido de Biaget y dijo, contundentemente: “Estoy hasta los huevos de toda esta situación”.
Con información de Clarín.