“Es un gran negociado de las autoridades que han permitido esas instalaciones. Yo estoy en averiguaciones y voy a investigar porque esas propiedades que se han ganado al río no es precisamente que el municipio haya invertido plata, sino que fue el Gobierno central. Eso conlleva a que se tiene que hacer de forma transparente en la cesión de esos predios. La primera información que me llegó fue que uno de los emblemas pagó US$ 200.000 para conseguir esa autorización”, aseveró Arévalo en diálogo con Nuestra Mañana por La Unión.
Afirmó que está investigando a quién finalmente fue destinado ese monto para “conseguir” la autorización. De momento, prefirió no mencionar de qué emblema se trataría, aunque adelantó que cuando tenga todos los datos de manera certera presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público y que cuenta con “fuentes confiables y bien informadas”. “No puede ser que el Estado haya invertido US$ 300 millones en la Costanera para que instalemos otra vez estaciones de servicios”, cuestionó el parlamentario colorado.