La Cámara de Senadores aprobó en general ayer martes el proyecto de ley de financiamiento político, durante la sesión extraordinaria. Sin embargo, se plantearán varias modificaciones en el estudio de los artículos.
Adolfo Ferreiro, Senador de Avanza País, señaló que no se opone a un ordenamiento jurídico que garantice la transparencia en cuanto a financiamiento de partidos políticos, movimientos y candidatos particulares, pero que en la normativa aprobada ayer en Cámara Alta “se aceptaron un montón de requisitos que casi nadie que trabaja honradamente va a poder cumplir para hacer política”. “En realidad va a favorecer a que exclusivamente el dinero sucio pueda entrar en la política. Así como está, va a cumplir un efecto contrario al que busca”, aseveró en comunicación con La Unión R800 AM.
Señaló que, de ser aprobada la propuesta, sobre la cual ahora pasarán a ser analizadas las modificaciones recomendadas por la Comisión de Legislación del Senado, quien quiera activar en el campo político serán demasiados los requisitos de orden administrativo que “la gente va a tener que llevar una contabilidad y una rendición de cuentas más compleja de lo que tiene un banco”. En este orden, dijo: “en una parte de la ley dice que se deben rendir todos los fondos que se manejan en una campaña en las internas partidarias. Por ejemplo, cuando hacés un asado. Vas a necesitar el origen del dinero de todos los que contribuyen para hacer un asado. Y eso es imposible”.
“Son requisitos que el pueblo común ya no podrá cumplir para hacer o participar en política”, manifestó, añadiendo que “los que tienen mucho dinero son los que están preparados para blanquear su dinero y tener los contadores que va a requerir, mientras que la gente común, no”.
Ferreiro dejó bien en claro que no está en contra de un reglamento acerca del financiamiento político, pero que “esto hay que analizar con serenidad y criterio razonable”, reiterando que la ley permitiría que solamente quienes tienen gran poder económico y/o político podrán “aparecer blanquitos” al momento de rendir cuentas ante el Estado.