Enrique Salyn Buzarquis, senador del PLRA que promovió el texto, dio detalles sobre las sanciones que se establecen en el documento, citando como ejemplos que la empresa que incurra reguladas dejará de prestar unilateralmente servicios acordados en la concesión, será cancelada y perderá su licencia e itinerario, el cual será de nuevo licitado; en caso de reincidir se impondrán máximas sanciones por el actual periodo de emergencia a raíz de la pandemia.
Así mismo, además de cancelar las licencias, la empresa en cuestión también tendrá prohibido participar de licitaciones de itinerarios por un plazo de diez años.
“Estamos hablando de más del millón de personas que usan el servicio del transporte público, que es un servicio básico amparado en la Constitución Nacional”, manifestó Buzarquis en diálogo con La Unión.
Explicó que recientemente el Viceministerio de Transporte multó a 4 empresas por las reguladas, pero “con montos que son pererï, que son un chiste”.
El documento ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento.