El tribunal concluyó que Rousseff incurrió en una falta grave de mala praxis administrativa en el desempeño de su carga.
La investigación indica que el gobierno maquilló las cifras fiscales y manipuló las partidas presupuestarias federales para ocultar la realidad económica de Brasil en 2014.
Por primera vez existe base legal para que el Congreso se inicie el juicio político contra la mandataria, lo que podría llevar a su destitución.
Durante varias semanas, los brasileños han protestado para exigir un juicio de la presidenta.
Pero ese no es el único problema de la Rousseff, ya que el Tribunal Supremo Electoral decidió reabrir una investigación por supuestas irregularidades en la campaña electoral, lo que también podría anular su mandato.