“Las camas están ocupadas al 100%, tanto las de terapia como las de salas comunes. Tenemos 90 camas de terapia intensiva y 90 de salas comunes ocupadas”, dijo Zarza en charla con La Unión, señalando que “no hay posibilidades” de ampliar ese cupo porque en el sector privado también hay limitaciones en cuanto a recursos humanos.
Mencionó que el convenio firmado con el Ministerio de Salud establecía el pago de G. 13 millones por cada cama de terapia intensiva usada por paciente COVID-19. Sin embargo, a 9 meses de haber entrado en vigencia ese trato el cobro de estas prestaciones no alcanza siquiera el 20%. “La situación financiera es crítica porque los sanatorios privados deben poner insumos y pagar personal”, subrayó Zarza. No obstante, aclaró que no condicionarán la atención a pacientes.