Guillermo Duarte, abogado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), criticó la decisión de la fiscal del caso Rodrigo Quintana, Raquel Fernández, quien argumenta que las llamadas entre el excomandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, y personas muy cercanas al Presidente de la República, Horacio Cartes, en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1º de abril últimos “son irrelevantes”.
Haciendo un recuento de lo sucedido, señaló que a fines de junio pasado había intimado al Ministerio Público por medio de una escribanía que sean entregados los informes de cruces de llamadas entre Críspulo Sotelo, excomandante de la Policía Nacional, y personas integrantes del primer anillo de Horacio Cartes. “Encontramos estos datos que eran llamativos, porque ¿qué tiene que ver la Policía Nacional con gente que no forma parte directa del Gobierno, como José Ortiz y Luis Canillas?”, cuestionó.
En este sentido, indicó que pidió los extractos de llamadas entrantes y salientes de esos números telefónicos, lo cual la Fiscalía rechazó a través de una resolución “con argumentos insostenibles”. “El Ministerio Público dice que esas comunicaciones de Sotelo con Canillas y Ortiz no hacen a la estructura del tipo de objetivo ni subjetivo del homicidio doloso”, expuso, añadiendo que “nosotros no afirmamos que con las llamadas de esas personas se probaría su autoría en el crimen de Rodrigo Quintana y el atraco al PLRA, pero podremos sospechar o indagar sobre si fueron cómplices o instigadores de algún modo, lo cual se desconoce con esta resolución”.
Además, citó que la Fiscalía alega que no se accederá al contenido de las llamadas y que por eso lo considera “es irrelevante”, lo cual va en contra del criterio que tiene el Ministerio Público, ya que utiliza este método para establecer condenas en otros casos. “Esta resolución es absolutamente arbitraria e ilegal”, repudió, añadiendo que accionará para tratar de revertir la decisión.
Así mismo, acusó una vez más al Ministerio Público de proteger a como dé lugar a altas esferas del Gobierno. “El procedimiento en el PLRA fue simplemente un acto de matoneada”, criticó.