Aseguró tener todos los documentos a su nombre y que “las tierras jamás fueron fiscales”. “Pertenecían a mis abuelos, después pasó a mis padres y desde hace 30 años pasaron a mi nombre”, dijo en contacto con La Unión, contradiciendo así a los campesinos, cuyo abogado subrayó que los terrenos en cuestión forman parte de unas 70.000 hectáreas que el Banco Nacional de Fomento (BNF) que más tarde pasaron a manos del INDERT.
En ese sentido, comentó que los terrenos estaban ocupados por invasores desde hace poco más de 2 años, acusándolos de haber talado árboles y quemar los troncos para fabricar carbón, hecho que denunció ante la Fiscalía de Coronel Oviedo.
Ayer, mediante orden judicial, fueron desplegados 900 efectivos policiales para proceder al desalojo de cerca de 100 familias, señaladas por haber deforestado el sitio.
