La senadora liberal, Blanca Lila Mignarro, explicó que la Cámara de Senadores se ratificó en las modificaciones de la ley de Fonacide, a fin de detallar las sanciones y penas que serán implementadas contra los intendentes y gobernadores que no rindan cuentas por el uso del dinero.
La congresista informó que si bien se han desembolsado millones de dólares para la educación, de los USD 360 millones al año que recibe Paraguay del Brasil, apenas el 10 % de este dinero se destinó a la educación, lo demás fue malversado.
Esta normativa determina que si alguna autoridad municipal o departamental se resiste a detallar cómo se uso el dinero del Fonacide, la Contraloría presentará una denuncia ante Ministerio Público bajo indicios del hecho punible contra el patrimonio público.