María azotó más de 786.000 viviendas el 20 de septiembre de 2017, causando daños menores en algunas y arrancando otras de sus cimientos. Un programa con fondos federales administrado por las autoridades locales realizó reparaciones relativamente pequeñas en unas 108.000 viviendas el año siguiente, e iglesias y ONGs arreglaron miles más con fondos privados.
El plan del gobierno puertorriqueño conocido como R3 es la primera gran iniciativa del territorio estadounidense para realizar grandes reparaciones y reconstruir casas dañas o destruidas. Cerca de 27.000 propietarios se han inscrito pero, casi un año y medio después de la liberación de fondos federales a funcionarios locales, no se ha completado ni un solo trabajo de reparación o reconstrucción.
Según las autoridades locales, las obras están casi listas en las 45 primeras casas que se benefician del plan, pero no hay nada completado.
Para muchos puertorriqueños, el lento avance del programa se ha convertido en un símbolo de la incapacidad del gobierno para abordar los efectos del desastre en el largo plazo.
“Hablan de muchos miles de millones de pesos, pero eso no se ve”, dijo Sergio Torres, alcalde de Corozal, una localidad en las montañas del norte. En su municipalía hay todavía 60 casas con tejados de lona azul y dos familias siguen en refugios en escuelas. “Eso es la orden de vida”.
María barrió Puerto Rico con vientos de 249 kilómetros/hora y su ojo pasó ocho horas sobre el territorio, destruyendo la red eléctrica y causando daños estimados en más de 100.000 millones de dólares. Se estima que 2.975 personas murieron tras su paso.
“Su hogar renace”, un programa administrado por el gobierno puertorriqueño que funcionó entre enero y diciembre de 2018, reparó 108.487 residencias con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Algunas han tenido que ser reparadas de nuevo por la mala calidad de las obras. Iglesias y asociaciones benéficas lanzaron iniciativas a menor escala en toda la isla.
Pero decenas de miles de casas siguen inhabitables según los estándares modernos, con daños que van desde la destrucción total a la falta de tejados. Solo en la localidad montañosa de Villalba, en el centro de la isla, 43 familias siguen viviendo con carpas azules como techos. Su alcalde, Luis Javier Hernández, contó que una familia usó la tuya por tanto tiempo que se desgastó y tuvieron que darle una nueva.
R3 — que significa reparar, reconstruir o reubicar — buscaba abordar el atraso pagando a constructores para que acometieran reparaciones en hogares donde se gana menos del 80% de los ingresos medios de la región.
El gobierno del territorio presentó sus planes para emplear los fondos de las ayudas federales para R3 en junio de 2018. Los primeros 1.500 millones de dólares del programa estuvieron disponibles en febrero de 2019, y otros 1.700 se aprobaron en febrero de este año.
Cerca de 27.000 viviendas solicitaron ayudas desde el inicio de R3, el 31 de julio de 2019, hasta principios de enero, cuando el gobierno de Puerto Rico dejó de admitir peticiones. De las aceptadas, varios cientos han sido rechazadas y miles siguen en la fase preliminar del proceso. Más de 900 personas siguen en una lista de espera.
“Queda claro que las demoras en Puerto Rico son mucho mayores de las que hemos visto en otros sitios”, dijo Carlos Martín, de Urban Institute.
El departamento de vivienda boricua no tiene personal suficiente y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal ha impuesto un inusual número de requisitos al gobierno de la isla para evitar fraudes o gastos indebidos, agregó.
El secretario de vivienda de Puerto Rico, Luis Carlos Fernández, quien asumió el cargo recientemente, dijo que las autoridades han tratado de simplificar el proceso de verificación y aprobación de las solicitudes.
Fernández apuntó que no sabe si los fondos federales recibidos hasta el momento serán suficientes para ayudar a todos los aceptados en el programa. Los solicitantes mayores, con discapacidad y aquellos con daños significativos en sus propiedades, serán la prioridad.
“No vamos a terminar en años”, manifestó Fernández.
Según Fernández, más de 2.600 de los solicitantes seguían usando carpas azules en lugar de tejados. En septiembre de 2019, el exsecretario de Vivienda Fernando Gil dijo que en total se estimaba que en la isla seguía habiendo entre 20,000 y 25,000 de los llamados “tejados azules”.
Esta es una cifra que enoja a Ariadna Godreau, una abogada de derechos humanos que dirige una ONG legal.
“Jamás pensamos en un panorama así”, dijo. “Es horrible”.
Entre los que siguen esperando está Marián Colón, de 38 años y madre soltera de dos hijos. El huracán arrancó el tejado de su casa y causó un deslave próximo que puso en peligro la construcción, y nada se ha arreglado o reparado en casi tres años. En este tiempo, fue de casa en casa gracias a la generosidad de sus familiares, pero está ansiosa por establecerse.
Colón apuntó que sabe de varias personas que se apuntaron en el programa y se rindieron tras numerosos intentos fallidos. Algunos no tenían acceso a internet ni un auto, lo que convierte la misión en casi imposible, añadió.
“Ha sido un proceso muy desgastante y ha sido bien atropellador”, dijo.
La gobernadora, Wanda Vázquez, que asumió el cargo en agosto tras la renuncia de su predecesor por protestas por corrupción y otros asuntos, dijo que su prioridad es la reconstrucción de las casas dañadas por el huracán.
“Las excusas sobraban y eran inaceptables”, afirmó. “Nuestro pueblo ha esperado demasiado, y no aguanta más”.
Con información de The Associated Press.