“Esta investigación inició hace ocho meses. Comenzó cuando una persona adulta mayor denunció que quería cobrar su pensión pero en nuestros registros aparecía que sí estaba facturando mensualmente. Esto después se complementó con otras informaciones que ya estábamos teniendo y vimos que el esquema era bastante grande. Investigamos las ramificaciones. Se pidió documentación, domicilios y encontramos que había personas que se dedicaban a la venta de facturas falsas. Se detectaron a 22 personas, de las cuales la mitad no estaba inscripta y la otra mitad eran facturas. Con esto, incluso descubrimos que esa persona que de verdad facturaba no sabía que usaban su factura en otro lado. Es así que hallamos que 470 empresas utilizaron a 22 proveedoras (del Estado)”, explicó Orué en contacto con Nuestra Mañana por Unión TV.
Orué considera que quienes cometieron este fraude se aprovecharon de las medidas menos restrictivas para inscribir a contribuyentes establecidas por la pandemia del coronavirus, citando como ejemplos la eliminación del registro biométrico y la suspensión de la presencialidad, lo cual “permitió vulnerar nuestro sistema e inscribir a gente que no debía inscribirse y encima no lo sabían”.
De acuerdo con lo investigado, el viceministro señaló que lo que presuntamente hacían las firmas es utilizar las facturas de las “empresas o personas fantasmas” para completar su contabilidad. “Todas las empresas están vinculadas. Crearon Registros Únicos de Contribuyentes (RUC) ficticios y los vendían a empresas, que en total son 470”, dijo. Las facturas falsas utilizadas habrían alcanzado en total 3.700.
En ese sentido, señaló que las proveedoras utilizaban facturas falsas de empresas “fantasmas” para completar su contabilidad, según los datos recabados.
En ese orden, indicó que, aunque en principio la evasión impositiva ascendía a unos G. 110.000 millones, ahora ya sería de G. 170.000 millones. No obstante, dijo que “por lo bajo, lo defraudado equivale a 10 millones de dólares, pero después hay que sumarle renta (IRP) y IDU (Impuesto a los Dividendos ya las Utilidades), así que estamos hablando de una base de por lo menos 20 millones de dólares”
El Ministerio Público, que este lunes llevó a cabo ocho allanamientos por este caso, investigará a los dueños de esas empresas por producción y uso de documentos de contenido falso.