Es la tercera jornada de manifestaciones en las últimas semanas contra el Gobierno, que viene enfrentando una presión creciente por una investigación parlamentaria sobre presuntas omisiones la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 500.000 muertos en Brasil.
Para la médica Patricia de Lima Mendes, de 47 años, que participaba de un acto en el centro de Rio de Janeiro, el Ejecutivo es el principal responsable por el alto número de muertes.
“Son más de 500.000 vidas asesinadas por este Gobierno, por decisiones espurias, ´fake news´, mentiras, y ahora ese escándalo absurdo de corrupción en relación a las vacunas”, dijo a la agencia de noticias AFP
Otras capitales estatales como Belem (Pará, norte), Recife (Pernambuco, noreste) y Maceió (Alagoas) también registraron manifestaciones con pancartas que rezaban “Bolsonaro genocida”, “Impeachment ya” y “Sí a las vacunas”.
En los dos primeros meses de audiencias, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada por el Senado se centró sobre todo en la demora para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras Bolsonaro impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra el COVID-19 -como la hidroxicloroqiuna- y criticaba las medidas de distanciamiento social.
Sin embargo, desde la semana pasada el testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una “presión atípica” para concretar una compra de tres millones de dosis de la vacuna india Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.
El funcionario Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda, afirmó haber trasladado personalmente las sospechas a Bolsonaro, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo.
Esto motivó la apertura ayer de una investigación de la Fiscalía General contra el presidente, que averiguará si Bolsonaro cometió o no el delito de prevaricato, al supuestamente no denunciar las sospechas de irregularidades.
El Supremo Tribunal Federal avaló la decisión que ordena a la Policía Federal que se encargue de interrogar al presidente por ese contrato que fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo y tres meses después de la reunión en Casa de Gobierno en la que Miranda le comentó a Bolsonaro sobre las irregularidades.
Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos médicos, denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada dosis de AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.
La apertura de la investigación se suma al “superpedido” de impeachement por 123 violaciones a la Constitución que presentaron la oposición, de derecha e izquierda, ante el Congreso.
Con información de Agencia Télam.