“Ya tenemos una investigación abierta sobre este caso. Vamos a pedir a los empleados que han pasado por esta situación, que se acerquen a denunciar tanto personalmente como en plataformas del IPS. Existen datos y elementos. Estamos en plena investigación y queremos juntar todo aquello que nos sea útil”, dijo Bogado en contacto con La Unión, señalando que la idea es procesar el caso de manera administrativa como penal. Explicó que lo que se está haciendo ahora es un “cruce de datos” para comprobar la veracidad de las denuncias.
“No queremos desvirtuar la figura del subsidio que llevamos adelante y que por culpa de unos pocos ocurra eso”, señaló Bogado, ya que la intención es ayudar a trabajadores suspendiso. Indicó que las denuncias que reciben son anónimas, ya que los empleados afectados no quieren arriesgarse a represalias, como pueden ser despidos.
El director aseveró que aún no es posible determinar exactamente cuánta es la pérdida económica para el ente, pero Pedro Halley, gerente de Prestaciones del IPS, estima que ronda los G. 30.000 millones.