“Muchas instituciones públicas presentan recursos de inconstitucionalidad y evitan la fiscalización de la Contraloría”, manifestó el legislador.
Indicó que este proyecto prevé la realización de juicios de responsabilidad patrimonial de funcionarios deshonestos para recuperar el dinero público que eventualmente pudieron haberse quedado.
“El Tribunal de Cuentas va a tener otra función y se van a realizar ahí los juicios de responsabilidad patrimonial para que cuando un funcionario le robe al Estado o cuando una empresa incumple sus compromisos con el Estado o no realiza una licitación, tenga que devolver la plata a traves de un juicio y que no pase lo que pasa ahora que todo lo robado al Estado queda impune”, afirmó Osorio.
Señaló que a través de maniobras jurídicas muchas instituciones no pueden ser auditadas y controladas, evitando las fiscalizaciones. “Son cerca de 200 instituciones públicas que han presentado este recurso en los últimos años”, sostuvo.