El fiscal que encabeza el desalojo, Gustavo Chamorro, comentó que la propiedad invadida consta de 2.041 hectáreas y es de la señora Alba Antonia Núñez de Diez Pérez.
En ese orden, mencionó que los labriegos reclaman que las tierras son fiscales, situación que “no se ajusta a la realidad”, quien, según aseguró el agente, ha presentado los documentos pertinentes que respaldan que ella es dueña del terreno, justificando así el procedimiento fiscal-policial. “No hay ninguna duda, eso está corroborado plenamente”, dijo en comunicación con La Unión.
“Son entre 80 y 100 familias. Ingresaron a finales del año pasado”, agregó el fiscal, indicando que los campesinos ya han construido viviendas precarias, lo cual implicó la tala de árboles de la propiedad.