Pero no se precisaba una megainvestigación internacional para toparse con la evasión fiscal en Colombia.
Los especialistas estiman que simplemente la evasión al impuesto al valor agregado (el IVA) se lleva una octava parte de la recaudación total impositiva.
En números: 12 mil millones de pesos anuales (unos US$4 mil millones), sobre una recaudación total de más de 100.000 millones de pesos.
Solo un fragmento de esta evasión, la del impuesto al patrimonio, equivale en servicios públicos al presupuesto anual de salud y educación.
Con un problema de esta magnitud asombra que la evasión fiscal no sea delito en Colombia.
El presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario Benjamín Cubides explió a BBC Mundo la peculiar situación legal de la evasión fiscal.
“Es una infracción administrativa, similar a cruzar un semáforo en rojo, pero sin consecuencias penales. Hay casos peculiares como la retención del IVA que debería pagarse al fisco que están castigados, pero no ya como evasión sino como algo equivalente al peculado, una especie de robo. A pesar del debate que ha habido sobre el tema hay una resistencia política y cultural a tratar la evasión fiscal como delito”, puntualizó Cubides.
Nada nuevo bajo el sol
Una frase frecuente en la sociedad colombiana encapsula esta resistencia: “¿Para qué pagar si se roban todo?”.
Con este argumento, se ha consolidado una cultura que hace invisible el problema y la secuela de escándalos locales o internacionales.
La recaudación tributaria es de las más bajas en América Latina (15,3% del PIB), el creciente déficit fiscal es de unos US$10 mil millones (3,6% del PIB) y hay una baja inversión social, pero raramente se menciona a la evasión como una de las causas de estos problemas.
En diálogo con BBC Mundo, Juan Ricardo Ortega, ex director de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), señaló que la evasión se concentra en tres sectores: el IVA, las rentas y las exportaciones.
“La evasión al IVA es aproximadamente de un 43% dada la enorme informalidad de la economía. En el caso de las rentas de personas, los más ricos, gente con fincas, propiedades, islas, yates, están pagando unos US$1.100 al año. Para que tenga una idea, mi contribución y la de mi esposa, familia de clase media afortunada, pero no rica, es de US$33.000. A esto hay que sumarle la evasión del sector exportador con los precios de transferencia”, indicó a BBC Mundo.
Reformas tributarias
En sus seis años de gobierno Juan Manuel Santos lleva dos reformas tributarias.
La ley 1607 de 2012 tenía entre sus objetivos reducir la evasión fiscal y confeccionar un listado de paraísos fiscales.
Como prolongando la leyenda de Colombia cuna del realismo mágico, la reforma se proponía combatir la evasión fiscal, pero no la tipificaba como delito.
El listado de paraísos fiscales tardó un año en confeccionarse y, según Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, está lleno de agujeros.
“Establece medidas insuficientes y prevé mecanismos de control que no podrían operar porque Colombia no tiene acuerdos de intercambio de información con cuatro de los paraísos más importantes para nuestro caso -Panamá, Curazao, Luxemburgo y Bermuda. Ante esto la solución fue excluirlos de la lista o incluirlos a título transitorio. Es decir, los más importantes, no están”, señaló a BBC Mundo.
La primera reforma tributaria del gobierno de Santos tuvo el destino de las numerosas reformas que se hicieron en las últimas décadas (los memoriosos recuerdan unas 20): llevó a una segunda reforma.
Hoy se está hablando de una tercera para el segundo semestre del año.
¿Qué pasó con los Panama Papers?
Los Panama Papers, que fueron tapa en muchos países durante días y semanas, pasaron sin pena ni gloria por Colombia.
La existencia de firmas constituidas en jurisdicciones “offshore” por las personas mencionadas en esos documentos filtrados de la empresa de abogados panameña Mossack Fonseca no es, en sí, prueba de conducta ilegal alguna. Pero se sospecha que muchas de estas operaciones tenían como objetivo pagar menos impuestos.
A pesar de que hay más de 850 colombianos relacionados en los papeles con la firma Mossack Fonseca, los principales medios apenas cubrieron la información que circuló con mucha más intensidad por medios alternativos y redes sociales.
Cesar Moreno, que participó en la investigación de los Panama Papers como asociado del Consejo de Redacción, una de las dos organizaciones en el país que tuvo acceso a los documentos, le indicó a BBC Mundo que la cobertura fue decepcionante.
“En el mejor de los casos el eje estuvo puesto en los nombres, los ricos y famosos. Pero los grandes medios apenas lo cubrieron. Es decir, lo trataron como si no fuera un tema importante. En parte se debe a esa cultura nuestra respecto a los impuestos. Los empresarios creen que porque invierten y crean empleo ya hicieron lo suyo, así que no tienen que pagar impuestos”, indicó a BBC Mundo.
Por su parte, Juan Ricardo Ortega no duda a la hora de atribuir esta escasa cobertura a los grandes poderes económicos y sus aliados mediáticos.
“Hay personas muy poderosas e influyentes detrás de este silencio. Personas que no quieren oír hablar del tema y que tienen una fuerte influencia en el manejo de los medios”, indicó a BBC mundo.
Colombia, Panamá y el futuro
En América Latina Panamá es el único país aparte de Colombia en el que la evasión fiscal no es un delito.
Ni siquiera la presión de los Panama Papers ha cambiado esta situación.
Así lo indicó al diario español “El Mundo”, Milton Henriquez, Ministro de la Presidencia de Panamá.
“No entiendo por qué Panamá tiene que convertir en delito todo aquello que los demás países quieren o no hacer delito. O dejar de considerar delito lo que ustedes no consideran delito. Holanda no considera delito el consumo de drogas. ¿Me está recomendando también que eliminemos el delito del consumo de drogas?”, señaló.
No hay que ver, sin embargo, en la tipificación penal de la evasión una panacea que mejorará la recaudación fiscal y permitirá una mayor inversión social.
Según Ortega es un primer paso.
“La ley no cambia una cultura. Puede pasar como en Guatemala que se modificó la ley y continúa la evasión, pero hay un proceso en marcha con mayor independencia del poder judicial que permite una fiscalización mayor del tema en ese país. Es un avance”, indicó a BBC Mundo.
El tema es indudablemente complejo. Desde la Red de Justicia Tributaria en Colombia señalan que se requiere un fortalecimiento del personal de fiscalización.
“En los países de la OCDE hay un funcionario por cada 3.000 personas de promedio. En América Latina uno cada 5 mil. En Colombia la relación es uno por cada 11 mil. Sin fiscalización podemos cambiar la ley, pero no la haremos cumplir. Es algo que requiere una voluntad política que, por el momento, no existe”, señaló a BBC Mundo Mario Alejandro Valencia.
Fuente: BBCmundo.