“Definitivamente hay un objetivo político en la sanción, ya en la designación de significativamente corrupto y también en la sanción financiera contra su persona y sus empresas (…) Todos los informes remitidos por las instituciones de Gobierno y del Parlamento, como la SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) o la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), generaron esta situación”, aseveró Ovelar en conversación con Francamente por Unión TV y radio La Unión.
En ese sentido, añadió que la intención tanto del gobierno de Mario Abdo Benítez como de Estados Unidos es “destruir a Horacio Cartes como líder político y como líder empresarial”, señalando que esta intención viene “de medios de prensa y de intereses de grupos empresariales muy fuertes”. “Es muy claro esto. Esté uno de acuerdo o en desacuerdo con la posición política de Cartes, no se puede negar que esta es una jugada muy bien orquestada”, subrayó, agregando que los ataques contra su cliente se realizan con finalidades “políticas y electorales”.
Con relación a un eventual pedido de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos contra Cartes, Ovelar señaló que no hay información oficial ni extraoficial proveniente de aquel país que pudiera indicar esa posibilidad.
Explicó que el desprendimiento realizado por Cartes de sus empresas para sus hijos se realizaron “a modo de preservar todos los puestos de trabajo y el normal desenvolvimiento de las unidades de negocio”, a raíz de las sanciones del gobierno de Estados Unidos por medio de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Indicó que actualmente, por medio de una asesoría jurídica en Estados Unidos, Cartes está tratando de acceder a las pruebas sobre las que el gobierno de Estados Unidos se basó para castigar a su cliente financieramente. “No existe otra instancia a la que podamos recurrir más allá de ella: consultar a un estudio jurídico y pedirle una opinión objetiva sobre estas operaciones”, dijo.