De acuerdo con el Magisterio de la Máxima Autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, con las declaraciones de los líderes de las principales religiones y de los alcaldes de las más importantes ciudades del mundo, afirman que la esclavitud moderna, la Trata de Personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos humanos, son crímenes contra la humanidad y deben ser reconocidos como tales. Asimismo, el crimen organizado que directa o indirectamente expande la esclavitud moderna en sus formas antes descriptas, también debe ser considerado un delito de lesa humanidad y reconocido por tal.
Los firmantes se han reunido en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales para abordar del mejor modo posible por parte de los representantes de la justicia este dramático reto.
La aplicación efectiva del derecho penal es una condición necesaria para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
Entre los 10 objetivos contenidos en la Declaración de Lucha contra la Trata de Personas está la de promover en cada Estado el incremento de los recursos y de la colaboración judicial y policial nacional e internacional con el fin de aumentar las bajas tasas actuales de procesos y de condenas para los criminales con el fortalecimiento de los organismos supra nacionales de la lucha contra los traficantes y de la tutela de los Derechos Humanos; todas las naciones tienen que reconocer la esclavitud moderna, la Trata de Personas, el trabajo forzoso y la prostitución como crímenes de lesa humanidad con penas proporcionadas; los bienes incautados a traficantes y criminales ya condenados deben ser utilizados para la rehabilitación y compensación de las víctimas; abogar para proporcionar un apoyo a las víctimas, que incluya la asistencia civil y legal; que víctimas indocumentadas tengan residencia temporal en el país destino para los que deseen permanecer en éste; alentar esfuerzos concertados para reducir prórrogas al acceso de asistencia legal por parte de las víctimas; el tráfico de órganos debe ser reconocido como delito en todos los países y perseguido por la justicia en ámbito nacional e internacional; la sanción de los clientes de servicios sexual debe constituir parte integral de la legislación para una eficaz lucha contra la esclavitud y la Trata; las víctimas de Trata no deben confundirse con inmigrantes irregulares ni con personas u objetos de tráficos; y la repatriación de los extranjeros no documentados nunca debe ser una respuesta sin el acuerdo de las víctimas a fin de evitar el riesgo de las recaídas y de las actividades ilegales y deshonestas.
El Papa Francisco invitó al fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y a la agente fiscal Teresa Martínez, a cargo de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil del Ministerio Público, a participar de la Cumbre de Jueces sobre la Trata de Personas y el crimen organizado. El encuentro se desarrolla en la Casina Pío IV en el Vaticano, sede de las Pontificias Academias de las Ciencias y Ciencias Sociales. Acompañan a la comitiva, las agentes fiscales Irma Llano y Lorena Ledesma de la Unidad Antinarcóticos