“Lo que estamos haciendo es comunicar los hechos a la Fiscalía. Queremos que la Fiscalía establezca quiénes son los responsables. De todas maneras, en el relato de hechos se menciona a Horacio Cartes, a los consejeros y a los senadores que, a mucho criterio, participaron de estos sucesos que podrían ser punibles”, expuso Guillermo Ferreiro, presidente del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), en conversación con Enfoque 800 por La Unión.
En ese sentido, recordó que, de acuerdo con el Tratado de Yacyretá, las altas partes contratantes “son los dueños de la represa” y que esta se puede financiar “con los recursos de las altas partes o con préstamos”. Además, subrayó que el costo de la tarifa se establecerá según le cueste financieramente a la entidad.
En ese orden, Ferreiro aseveró que en el año 2017 Horacio Cartes, entonces presidente de la República, remitió una nota reversal a la Cámara de Senadores con un mismo contenido igual al que Argentina había presentado en el año 1995. “Eso es ilegal, porque no se puede convertir en financista una de las partes. Había que salir a buscar al mercado privado, financiero o público. Eso no solamente fue aprobado sino que reconocen todos los hechos ilegales de 1995. Además, reconoce una deuda de US$ 4.000 millones, dinero que la represa tiene que pagarle al Gobierno argentino”, expuso el titular del PRF.
Ferreiro señaló que realiza la denuncia por lo menos “como corresponde”, tomando en cuenta que se trata de un supuesto hecho ilícito, aunque señaló que el Ministerio Público “está en línea” con el expresidente.