El miércoles 2 de noviembre, los concejales Daniel Centurión y Oscar Rodríguez presentaron una minuta pidiendo la fiscalización municipal sobre varios locales de la zona del Mercado 4, pero especialmente de las galerías “San Miguel” y “La Divina”, para “corroborar si las mismas se adecuan a la Ordenanza Nro.711 y si cada local tiene patente comercial, licencia comercial, planos aprobados, prevención de incendios y cartelería…”
Cualquier persona que haya cruzado alguna vez esas galerías o caminado por esa zona sabe, a simple vista, que allí se comercializan aparatos celulares a precios increíblemente convenientes.
El pasado 19 de octubre entrevistamos en “Enfoque 800” a la viceministra de Tributación, Marta González, sobre la notable impunidad tributaria con que operan esas galerías y sobre por qué la subsecretaría prepara intervenciones muy importantes en diversas empresas y, sin embargo, nunca jamás intervino la mencionada zona del Mercado 4.
Marta prometió intervenir pero, hasta el momento en que estoy escribiendo esto, no se había producido la acción del ministerio de Hacienda y eso que no es muy difícil la cuestión: Los fiscalizadores deben presentarse a solicitar simplemente las facturas que avalen las facturas de compra de los aparatos celulares que están a la venta. Obviamente, de sorpresa y con prensa.
Por alguna extraña razón que no alcanzo a comprender, la subsecretaría de Tributación tiene a esa zona del Mercado 4 como una especie de “tierra liberada” a la que no quiere acceder.
Y por alguna otra extraña razón, la Policía tampoco cumple la ley 5016, de Tránsito, que le obliga a impedir la circulación de motociclistas sin cascos y chalecos con los números de patente de sus motos.
La ley de Tránsito está vigente desde 2014 y la Policía simplemente no la cumple en lo relacionado a las exigencias para circular en moto. Prefiere culpar a las motos de los asaltos para robar celulares con la complicidad de personas como el director de Emergencias Médicas, Aníbal Filártiga, que critican a los inanimados biciclos pero no a la impunidad con la que se venden los teléfonos hurtados mediante sangrientos asaltos.
Tanto no cumple la Policía con sus obligaciones legales que el concejal Tony Apuril debió “…reflotar una serie de ordenanzas que no son tenidas en cuenta en la ciudad para mitigar la proliferación de motoasaltantes…y además sostuvo que la Ley de Tránsito 5016…obliga a los conductores a tener impresos en sus cascos y chalecos reflectivos el número de patente de sus motos”.
La subsecretaría de Tributación y la Policía Nacional nunca escucharon hablar de las galerías de la zona del Mercado 4, nunca las vieron, nunca pasaron por allí.
Creo que los ciudadanos tenemos derecho a preguntar qué hilo invisible une y liga la extraña e injustificable inacción de la Policía y del ministerio de Hacienda sobre la cadena de robo y venta de teléfonos celulares.
La iniciativa de los concejales Centurión y Rodríguez es la primera que apunta en la dirección correcta para combatir la escalada de los motochorros, que es atacar la razón por la que asaltan: Los motochorros matan por celulares porque pueden venderlos impunemente ante la extraña, notable, llamativa, pasividad de Tributación y la Policía.
Por Enrique Vargas Peña.