“Todos los pliegos de bases y condiciones son definidos por las instituciones públicas. Nosotros lo que hacemos es verificar si los documentos cuentan con el respaldo de lo que se solicita y se interviene a nivel investigativo en alguna irregularidad posible”, explicó Seitz en diálogo con La Unión.
En ese orden, expuso que dentro de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo, ya sean secretarías o ministerios, se integra un comité de evaluación, que es el que recomienda una empresa para la adjudicación de tal obra, pero que la máxima autoridad, es decir, las instituciones ya mencionadas, son las que otorgan los trabajos a las constructoras.
“Se debe adjudicar en base al informe que elabora el comité de evaluación. El proceso de contratación se hace primero identificando la necesidad pública, como para luego llamar a licitación. Luego se hace el pliego de bases y condiciones, que contiene todos los requisitos que deben ser satisfechos”, agregó.
La construcción de la pasarela fue llevada adelante por la empresa Engineering SA, cuyo “lobbista” es Jorge López Moreira, cuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Pese a que Arnoldo Wiens, titular del MOPC, ordenó la intervención de la Dirección de Obras Públicas, a fin de verificar lo relativo a la pasarela, designando al Ing. Ignacio Gómez Nunes como interventor y desafectando a José Kronawetter del cargo, esta semana en conferencia de prensa volvió a defender la construcción de la obra, acusando a Contrataciones Públicas de ser la responsable en caso de que se haya producido alguna irregularidad en el proceso.
Según expertos ingenieros viales, arquitectos, entre otros, la pasarela es innecesaria porque los mismos peatones no las usan. De hecho, el ingeniero civil Pablo Callizo aseveró que este tipo de obras están siendo demolidas en otros países precisamente por esa razón.
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La empresa Engineering SA no tiene buenos antecedentes, siendo el más resaltante el haber sido castigado por Itaipú por un plazo de 60 meses por discordancias documentales en un proceso licitatorio de la binacional que se sospecha que fueron cometidas “de mala fe” por parte de la firma.