“Elevamos un escrito con 15 páginas a Contrataciones Públicas”, dijo Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE, en contacto con La Unión, indicando que el objetivo de la entrega de este documento es solicitar informes y, con esto, desmentir a los parlamentarios que han afirmado que la suspensión del alquiler de las máquinas para votación electrónica ha sido un “negociado” de él mismo y Carlos María Ljubetic, miembro de la comisión de la Justicia Electoral que estudia la implementación del sistema.
En ese sentido, Mauro pidió a los congresistas, especialmente a Celeste Amarilla, diputada liberal, y a Juan Carlos Galaverna, senador colorado, que los acusan de querer lucrar con el proceso que denuncien ante el Ministerio Público “si es que tienen pruebas”.