Fuente: Infobae
Barack Obama comparecerá este martes desde la Casa Blanca a las 11:40 hora local para presentar unas medidas que explicaron en una conferencia telefónica la fiscal general, Loretta Lynch; la asesora presidencial Valerie Jarrett y el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
El presidente toma estas medidas ante la inacción del Congreso sobre el asunto que, según ha reconocido, es la mayor frustración de su mandato, pero no podrá esquivar completamente la capacidad de bloqueo del Legislativo, controlado por los republicanos.
El Congreso tendrá que aprobar la petición de Obama de nuevos fondos en el presupuesto del año fiscal 2017, que comienza el próximo 30 de septiembre, para la contratación de 200 nuevos agentes e investigadores del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) para mejorar la aplicación de la legislación sobre armas de fuego.
Asimismo, Obama quiere que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) contrate más de 230 examinadores y otro personal adicional para acelerar el proceso de las revisiones de antecedentes criminales.
Este aspecto es clave, defendió Lynch, al explicar que la ley actual establece que si la revisión tarda más de tres días el comprador puede adquirir el arma sin haberse determinado si es apto o no para poseer una.
La ATF ha establecido además un Centro de Investigación de Internet para perseguir el tráfico ilegal de armas de fuego en la red y prevé dedicar 4 millones de dólares y personal adicional para reforzar la Red Nacional Integrada de Información Balística.
El decreto que anunciará Obama requiere además que el Congreso apruebe una partida de 500 millones en nueva inversión para mejorar el acceso a los servicios de salud mental.
Una de las medidas clave de este paquete es la que requiere que toda persona que haga negocio con la venta de armas se registre, obtenga una licencia federal y, por tanto, asuma la obligación de revisar los antecedentes criminales y de salud mental de sus compradores.
La fiscal general insistió el lunes en que esta medida afecta a todos los que vendan armas de fuego, independientemente de si lo hacen en internet, en una tienda o en ferias.
Hasta ahora, solo los vendedores de armas con licencia federal estaban obligados a revisar los antecedentes, mientras que los que lo hacían en mercados informales como ferias o internet esquivaban este mecanismo de control.
Para establecer que alguien es un vendedor de armas de fuego, el Gobierno tendrá en cuenta no sólo cuántas vende sino con qué frecuencia y si lo hace para lucrarse.
La persona que se dedique al negocio de vender armas sin la requerida licencia federal podrá ser sentenciada hasta con cinco años de cárcel y una multa de hasta 250.000 dólares.
Los vendedores también serán penalizados si no efectúan la pertinente revisión de antecedentes antes de concluir una venta.
Entre las nuevas medidas de Obama también se incluye la obligación de la revisión de antecedentes penales para las personas que intentan comprar armas de fuego de las más peligrosas a través de una sociedad fiduciaria o corporación.
Hasta ahora, un número creciente de individuos estaban recurriendo a este método para esquivar la revisión de antecedentes.
Earnest subrayó que lo que Obama busca con estas medidas es que las armas no caigan en las manos incorrectas y quiso dejar claro que la acción presidencial “no absuelve” al Congreso de su responsabilidad de aprobar una ley con mayor alcance que reduzca las muertes por armas en el país, 30.000 anuales.
El propio Obama ha reconocido que su mayor frustración como presidente es el fracaso en sus esfuerzos para lograr un mayor control de la venta y posesión de armas en el país.
Dos sucesos de 2012 -la matanza de 12 personas en un cine de Aurora (Colorado) y la ocurrida en la escuela Sandy Hook de Newtown (Connecticut), donde fueron asesinados a tiros 20 niños y 6 mujeres- llevaron a Obama a tratar de sacar adelante medidas para endurecer la venta de armas de fuego.
El presidente propuso entonces medidas para reformar la legislación al respecto, pero el Congreso ni siquiera aprobó la que generaba más consenso: una mejora del sistema de verificación de antecedentes para impedir que las armas lleguen a los criminales o a las personas con problemas mentales.