El abogado Eduardo González, uno de los integrantes del equipo jurídico de McLeod, explicó que dos funcionarios de la comuna esteña, de nombres Liz Paulina Genes Salinas y Andrés Benítez, supuestamente habrían sido obligados a firmar actas en contra de su voluntad para “reconocer” irregularidades en la gestión de la intendenta.
El supuesto “trato” se basa en que, si no firman, serán despedidos de sus puestos laborales.