Aseveró que ya había cumplido la sentencia el pasado 15 de junio, aunque no podía recuperar su libertad porque la Corte Suprema no resolvía el recurso de casación (anulación de sentencia) presentado por sus abogados.
La mujer cumplía con la disposición de prisión domiciliaria en la colonia Santa Librada, Curuguaty, Departamento de Canindeyú. En estos últimos meses, se dedicó a trabajar en la chacra de su casa, ya que no podía salir a buscar empleo y tampoco podía abandonar a su familia, teniendo en cuenta que es madre soltera.
Aseguró que ella nunca estuvo involucrada en el hecho, afirmando que se encontraba de visita aquel viernes 15 de junio en la casa de su hermano, el campesino De Los Santos Agüero, luego de lo cual fueron hasta Marina Cué, donde ocurrió la masacre y posteriormente falleció. Señaló que ella planeaba viajar al día siguiente a Salto del Guairá para trabajar como peluquera.
En ese orden, recordó que los policías apuntaban a niños que estaban en el sitio y que, al proteger a uno de ellos, recibió un balazo en un muslo por parte de los uniformados, para más tarde quedar detenida.
Agüero afirmó que fueron los policías quienes comenzaron el tiroteo, señalando que ellos creyeron que los palos que poseían los campesinos eran armas de fuego. “Ahí ya empezó la ‘guerra'”, expresó en comunicación con La Unión R800 AM, añadiendo que “hubo mucho llanto entre los campesinos porque iban muriendo cerca de nosotros”.
Actualmente, expresó que se siente fuerte y orgullosa de ella misma, aunque lamenta que varios compañeros campesinos suyos hayan sido condenados a muchos años de prisión.
Ahora, afirma que desea ir nuevamente hasta Marina Cué, donde ocurrieron los hechos y donde su hermano falleció.
Hasta el momento quienes continúan condenados por el caso son los campesinos Rubén Villalba, a 30 años más 5 años de seguridad; Luis Olmedo Paredes, con una pena de 20 años; Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez, ambos con sentencias de 18 años de cárcel.
La masacre ocurrió el 15 de junio de 2012, en Marina Cué, Canindeyú, enfrentamiento que dejó 11 campesinos y 6 policías muertos. El hecho se dio en un operativo de desalojo en las tierras que supuestamente estaban a nombre del empresario y exparlamentario Blas N. Riquelme, pero que el Estado reclamaba como propiedad.
El caso derivó en un polémico juicio político al presidente de la República de entonces, Fernando Lugo, provocando su destitución exactamente una semana después de lo ocurrido.