Martínez Simón dijo que la intención del Poder Ejecutivo de construir cinco cárceles nuevas en distintas partes del territorio nacional es una “solución parcial”, ya que la cuestión de fondo es lo referente al sistema judicial que habilita la prisión preventiva para señalados por violencia intrafamiliar o incumplimiento de deber alimentario. “Siguiendo así, todas estas cárceles se van a volver a llenar”, aseguró.
En ese orden, dijo que los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben “sentarse a debatir sobre esta problemática”, ya que con el paso del tiempo empeorará la situación, mencionando también otros problemas del sistema penal como la mora judicial.
Además, criticó la pobre distribución de guardiacárceles, refiriéndose al caso del penal de San Pedro, donde solamente 11 guardias deben vigilar a más 500 reos, entre los cuales se hallan bandas como el PCC y el Clan Rotela.
Señaló que es un juez el que debe dictar la orden de traslado, pero tiene que haber una “cuestión imperiosa”, citando como ejemplo temas edilicios o de infraestructura. Esto último dijo en referencia a la orden emitida por el juez de San Pedro, Néstor Arévalo, quien había dispuesto la construcción de una granja ubicada detrás del penal de esta ciudad.
Sobre el punto, confirmó que la Corte abrió un sumario contra los cuatro reos que “guardaban reclusión” en la granja, la cual calificó como “una especie de prisión domiciliaria”.