El secuestro y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa todavía están envueltos en un gran misterio con múltiples actores. Mañana, 30 de abril, concluye el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), responsable de supervisar la investigación del caso, y muchas de las preguntas iniciales todavía están sin responder.
Los seis expertos que lo integran abandonarán el país en medio de una intensa polémica, generada por la decisión del gobierno mexicano de no extender más el período de su estadía. Organizaciones civiles e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –de la que depende el GIEI– han calificado esta decisión como “lamentable”.
Más allá de la polémica, al marcharse los expertos dejan varios temas pendientes de resolución, que la BBC Mundo ha enumerado en un artículo publicado el viernes.
1- ¿Se incineró a los estudiantes en el basurero de Cocula?
Es uno de los aspectos más polémicos del caso. La tesis inicial –y la conocida como la historia oficial– de la Procuraduría General de la República (PGR) es que los 43 normalistas fueron cremados en el basurero.
Sin embargo, el GIEI sostiene que en ese lugar no es posible incinerar a esa cantidad de personas. En efecto, esta hipótesis fue avalada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que después de varios meses de análisis determinó que en el basurero se realizaron varios incendios grandes desde 2010.
Los peritos encontraron indicios de que al menos 17 personas fueron incineradas en el lugar, pero no existen elementos para afirmar que se trata de los estudiantes.
2- ¿Qué hizo el jefe de la investigación del caso para crear una nueva controversia?
El 28 de octubre de 2014, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, visitó el río San Juan acompañado de Agustín García Reyes, uno de los presuntos responsables del crimen.
Un día después de la visita del funcionario, allí se encontraron bolsas con cenizas y restos que la PGR afirma son de los estudiantes.
En su último informe, el GIEI señala que la presencia del funcionario, así como el levantamiento de muestras que se realizó en ese momento, no se integraron al expediente. Tomás Zerón respondió que su visita no fue secreta porque la atestiguaron periodistas y personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Sin embargo, la representación en México de esta oficina afirma que su personal no fue testigo de diligencia alguna.
Más allá de la polémica, los expertos advierten que Zerón no cumplió con los estándares internacionales para realizar una investigación de esta magnitud. Además, señalaron que se pudieron violar los derechos del detenido García Reyes, quien en un video de la visita aparece con algunos golpes y atendió una diligencia oficial sin presencia de su abogado.
3- ¿Qué pasó con el quinto autobús que provocó el ataque a los normalistas?
Durante varios meses la PGR señaló que los estudiantes viajaban en cuatro autobuses que habían sido secuestrados. Pero la investigación del GIEI estableció que hubo uno más que la Fiscalía no tomó en cuentay que, a diferencia de los otros, no sufrió ningún daño en el ataque.
Los expertos creen que este vehículo, el 3278 de la empresa Estrella Roja, es clave para desenmascarar los motivos de la agresión.
Una de las hipótesis es que contenía drogas de la banda de Guerreros Unidos, a quienes las autoridades responsabilizan de la desaparición. El GIEI solicitó revisar el vehículo, pero cuando le fue presentado –señaló– no era el mismo autobús utilizado por los estudiantes la noche del 26 de septiembre.
4- ¿Cuál fue el papel de los militares y policías federales en el ataque?
La noche entre 26 y 27 de septiembre de 2014, varios soldados del 27° Batallón de Infantería, con sede en Iguala, estuvieron cerca del lugar donde los estudiantes fueron atacados, sostiene el GIEI.
En los alrededores del Palacio de Justicia, según testimonios, un oficial de inteligencia del Batallón tomó fotos del momento en que un grupo de estudiantes era detenido por policías municipales. En ese mismo lugar aparecieron, a su vez, dos agentes de la Policía Federal, estableció por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la investigación, estos dos oficiales conversaron con los agentes que detuvieron a los normalistas, quienes les dijeron que los llevarían al municipio vecino de Huitzuco, donde una persona identificada como “El Patrón” decidiría sobre su destino.
La CNDH señala que los agentes federales no hicieron nada para impedir el secuestro de los jóvenes y que el tono de la conversación sugiere una eventual complicidad con los agresores.
El GIEI solicitó al gobierno mexicano que se le permitiera interrogar a los militares del Batallón, pero la solicitud no fue atendida.
5- ¿Obstruyó el Gobierno la investigación de los expertos?
Los expertos del GIEI señalaron que desde enero pasado la investigación se lentificó y que la Fiscalía no desahogó muchas de sus peticiones de diligencias y peritajes. También señalaron que la investigación fue fragmentada.
A pesar de que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR es la única responsable de las pesquisas,otras áreas de la Fiscalía detuvieron a personas que podrían aportar información para el caso Ayotzinapa.
El GIEI señala que, por ejemplo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizadacapturó a elementos de Guerreros Unidos y su banda rival, Los Rojos, acusados de delitos distintos a la desaparición.
Esos casos se consignaron en expedientes distintos a los que no tuvieron acceso los expertos internacionales, según denuncian.
6- ¿Quién ordenó realmente la desaparición?
Desde el inicio de la investigación, la PGR acusó a la banda Guerreros Unidos de secuestrar e incinerar a los estudiantes en el basurero de Cocula. Los principales responsables de ello serían, de acuerdo con esa versión, Sidronio Casarrubias Salgado y Gildardo López Astudillo, “El Gil”, líderes de la organización.
Pero al paso de los meses, las pesquisas del GIEI revelaron que existen otros personajes. Uno de ellos fue identificado recientemente por un testigo que se acercó a la CNDH, a quien llaman “El Patrón”.
El GIEI destacó que contra los estudiantes se estableció un amplio operativo en el que participaron policías estatales, municipales y federales. También hubo miembros de bandas de delincuencia organizada. En algunos momentos las agresiones fueron atestiguadas por militares.
Una operación de esta envergadura, que se realizó en un área de unos 80 kilómetros cuadrados, no puede coordinarse por personajes de menor nivel, insisten los expertos.
Una de las conclusiones del grupo es que se debe investigar a funcionarios de niveles altos, algo que, dice, no han realizado las autoridades mexicanas.
Fuente: Infobae