“Es entregar un cheque en blanco a una administración absolutamente no creíble y que está en duda en todo sentido para cubrir deudas no solamente de medicamentos, sino también de cualquier tipo. Encima la ley no tiene monto, cuando en derecho administrativo y financiero vos sacás una ley autorizando a una institución a tomar una deuda o servicio por un monto. Es peligrosísimo”, expuso Halley en diálogo con La Mañana De Unión por Unión TV y radio La Unión.
En ese orden, explicó que la deuda creció a raíz de la pandemia del COVID-19, cuando el Gobierno solicitó al IPS que atienda a personas con la enfermedad aun sin estar asegurados. “Esa atención a personas que no estaban en la nómina de cotizantes y familiares significó que esa deuda que era de US$ 60 millones se disparó a US$ 242 millones”, aseveró.
Halley ratificó que esta nueva normativa afectará a los fondos de pensión del IPS, por lo que violará la Constitución Nacional. Sobre el punto, expuso que la Carta Magna “dice que los fondos de pensiones solamente se utilizan para pagar jubilaciones”.