Hernán Hutteman, director jurídico de la presidencia de la República, indicó que, en el caso de los recintos privados, como por ejemplo restaurantes, peluquerías, locales comerciales y similares, aún cuando los clientes sean los que infrinjan las disposiciones, serán los propietarios los que sufrirán las multas. Sobre el punto, dijo que estas sanciones pecuniarias serán cobradas por las municipalidades locales y consistirán en dos jornales y, en caso de reincidencia, se cerrarán los locales.
Afirmó que es recomendable que sea dictada una reglamentación, ya que, por ejemplo, las personas que infrinjan la disposición dentro de locales privados no recibirán multas, cuando lo más recomendable sería que sí.
No obstante, dijo que no se podrá aplicar ninguna sanción porque la ley no la prevé, más allá de una reglamentación que se establezca. “Por mucha atribución que tengan los municipios de reglamentar la ley, ellos no pueden estipular sanciones a través de reglamentaciones. Las sanciones tienen que estar previstas en la ley, y no están. Lo que la ley establece es el uso obligatorio de tapabocas”, expuso Hutteman en conversación con La Unión.
Consultado sobre por qué la presidencia de la República no vetó esta ley, ya que varias cuestiones no prevé, explicó que la idea es “brindar un aporte del Congreso para ensanchar las medidas sanitarias para la protección de la salud colectiva”. “En un momento como este, si el Ejecutivo vetaba este tipo de proyectos, hubiese sido contraproducente”, manifestó.
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El director indicó que ya han comenzado a trabajo en un nuevo proyecto de ley “complementario” sobre el mismo tema, previendo que sea “más abarcante” y se refiera específicamente a los puntos que quedaron en “lagunas”.
También dijo que, basada en las leyes referentes al uso obligatorio de tapabocas, las Juntas Municipales del país podrán hacer reglamentos.