“El argumento de los que proponen la ley es que con esta nueva normativa y la reestructuración administrativa, que es una nueva opción que se presenta en la ley, se solucionarían los problemas, pero esto es todo para las grandes empresas. Si leés el artículo 70 (del acuerdo extrajudicial de reorganización) por ejemplo, dice que tenés que tener una mayoría de los acreedores que estén de acuerdo, tenés que dar publicidad, y luego te ponés con tus acreedores ante un juez”, explicó Vallejo en conversación con La Unión.
Indicó que la realidad actual, en la que la economía está en una crisis provocada por la pandemia del coronavirus, no se compadece con el propósito de la propuesta. “No se hace una diferenciación de empresas. En el Paraguay tenemos unas 300.000 MIPYMES y me juego a que el 50% tiene problemas de liquidez”, dijo.
En ese sentido, señaló que, con la nueva propuesta, si una persona tiene una empresa y ya no puede cumplir con todos los compromisos financieros asumidos, solamente tendrá un año para hacerlo y está expuesto a que uno de sus acreedores con el solo hecho de deberle dos cuotas (70 días) ya pida que sea declarado en quiebra y embargar los bienes. “Si vos mismo no pedís alguna de esas salidas, tu acreedor lo puede hacer”, criticó, recordando también que con la ley vigente la persona tiene 4 años para asumir con todos esos compromisos.
“Esta ley de insolvencia está por entrar en sanción ficta y se debe rechazar antes del 13 de noviembre”, afirmó Vallejo.
Por su parte, el abogado Diego Lansac manifestó su rechazo tajante a la Ley de Insolvencia.
“Venimos de ocho meses de estar a los tumbos, con el agua hasta el cogote. Así que presentar esta ley es imposible. Es inaceptable que se llegara a aprobar este tipo de leyes”, expresó Lansac también en diálogo con La Unión, citando como ejemplo a la Asociación de Propietarios de Canchas Sintéticas, a la cual él representa y que registra nulo movimiento y facturación cero desde marzo, cuando se declaro cuarentena por la pandemia del coronavirus.