Está en el origen. Una Cámara Legislativa notoriamente incompetente para penalizar la inconducta de sus propios componentes, no producirá jamás la legalidad que deba operar la convivencia. ¿Quién obedecería normas redactadas por un colectivo que no es -ni remotamente- el dechado de virtudes y atributos morales para orientar lo correcto? No serán todos del mismo jaez, pero si en una Corporación como el Parlamento Nacional, “los más probos y honestos” no se diferencian debidamente de los pícaros y malos, la inmoralidad y la indecencia se desparraman por los pasillos de toda la Cámara, sin distinguir a unos de otros.
La violencia está también palpitante en los órganos de aplicación. Con Jueces sometidos al Poder de la “partidocracia”. Y el mal se extiende obviamente hasta los organismos de contraloría del delito: Fiscalía y Contraloría General, junto a una Policía Nacional desorientada en cuanto al “orden que deben guardar”. Tendiendo a proteger a los que mandan, “sello de marca” de aquella fuerza desprestigiada que reprimía al pueblo para “guardar el orden” que otrora, desvelaba al Dictador.
Suele afirmarse que “el Estado llama ley a su propia violencia y crimen la del individuo”. Y es así porque, normalmente, el gobierno debe componerse con lo más virtuoso de la sociedad, única razón por la que se le adjudican prerrogativas, junto el predominio moral y funcional sobre los demás miembros de aquella. Porque si en la pretensión de un Estado de Derecho, un gobierno debe contar con la sabiduría y capacidad necesarios para contener los desbordes ciudadanos, atender los reclamos de cada quien y dirimir las controversias. Así como debe castigar a quienes se apartan de la ley o desafían a las instituciones del Estado por fuera de los canales admitidos en la Carta Magna. Por lo que también se graduarán las penas o los castigos conforme a la gravedad de la falta, al daño causado o la carga intencional del delito. Un Estado de Derecho no admite omisiones ni represalias. El Estado debe actuar y juzgar conforme a la ley.
Es cuando empiezan las penurias de la justicia en el Paraguay y cuando la violencia en todas sus perversas facetas adquiere carta de ciudadanía. Para mayor gravedad de estas desgracias, nuestros académicos o intelectuales no pusieron remedio a la tenaz persistencia de lo incorrecto a cuya sombra han florecido las malformaciones de un Estado Nacional cada vez más alejado de lo que debe ser. O “menos parecido” al menos, a un Estado de Derecho..
Los paraguayos nunca tuvimos el regalo de instituciones que impidieran el protagonismo de líderes mesiánicos (y especialmente ignorantes). Es la razón por la que más a menudo que lo conveniente, tuvimos líderes de esta catadura. Pocas veces fuimos gratificados con la digna y eficiente actuación de nuestros magistrados y autoridades. Motivo por el que la corrupción y la impunidad gozan de muy buena salud en nuestras instituciones públicas.
Y es así porque la ley -o las leyes- las hacemos, no para que rijan nuestra conducta de ciudadanos sino para que ella sea apelada de tanto en tanto, según los conflictos, según los intereses en juego, según la voluntad del poder o del capricho de los administrares de la justicia. Es decir: el cumplimiento de la ley pareciera no ser una obligación para los paraguayos, sino sirve solamente para que ciertos asuntos sean sometidos a su arbitrio. Aunque fuera para legitimar lo injusto.
Y en realidad, no podría ser de otra manera porque la LEY, desprestigiada “en origen, pero que podría ser respetada y hasta venerada cuando las instancias institucionales que las originan o las que la aplican y administran, estuvieran aureoladas de prestigio o ejercieran la suma de conocimientos que presiden la buena redacción de las leyes; o permiten el adecuado discernimiento para su justa aplicación.
Lamentablemente, la violencia que se ve y nos lastima es la de los jóvenes sin esperanzas, sin educación y sin oportunidades.
La que nos duele es la violencia que nos regalan las enormes diferencias entre unos y otros: pobres sin consuelo y sin esperanzas por un lado … y los especímenes partidarios que medran gracias a su falta de escrúpulos y la “elasticidad” del Presupuesto Nacional. Como el caso del gobernador de San Pedro, Vicente Rodríguez se llama el sujeto, quien con su familia obtienen nada menos que 52 millones guaraníes mensuales en el departamento no hay cama ni insumos para atender a los niños enfermos….
Por Jorge Rubiani.