Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la familia Quintana y del PLRA, recordó en comunicación con La Unión R800 AM que luego de lo ocurrido durante las manifestaciones del 31 de marzo y 1º de abril pasados, cuando se produjo la muerte del dirigente juvenil Rodrigo Quintana, la Fiscalía pidió “como de rutina” a la Policía Nacional los números de teléfono de todos los uniformados asignados que intervinieron aquella jornada.
En este orden, dijo que la Policía remitió una planilla con los números telefónicos corporativos, que son de la línea Personal, así como los números particulares de cada uno de los policías, entre ellos el del entonces comandante Críspulo Sotelo. “Estos datos, el Ministerio Público remitió a las telefónicas solicitando informes y estas respondieron con los extractos de llamadas”, narró, agregando que “con esta primera información la Fiscalía hizo particularmente un primer cruce de llamadas entre los policías, pero a nosotros, como querella, no nos facilitaron estos extractos para poder analizarlos”.
Posteriormente, señaló que en junio le fueron entregados los mismos datos, aclarando que “nosotros no analizamos las llamadas en el interior de la Policía Nacional, sino con quiénes de afuera hablaron los policías, ahí surgió ese cruce de llamadas que se conoce hoy día. Es decir, de una información legalmente obtenida en la carpeta de la fiscal Raquel Fernández estaba el cruce de llamadas pero no se habían analizado las comunicaciones de Sotelo para afuera, solo las de Sotelo para con sus subalternos y entre ellos”. “Lo que nosotros hicimos es presentar una comunicación distinta de estos mismos extractos pero con otros números, por lo que después les pedimos extractos de estos otros números, ahí es donde aparecen los de José Ortiz (gerente de la tabacalera de Cartes), Luis Canillas (asesor jurídico de Yacyretá) y los demás”, expuso, puntualizando que estos números telefónicos fueron los que el Ministerio Público no incluyó en la investigación.
Fiscala Brígida Aguilar niega rotundamente haber firmado un pedido de cruce de llamadas para investigar el caso #31M. / Foto: Última Hora.
Señaló que esta situación se extendió hasta diciembre, cuando la Cámara de Apelaciones accedió al pedido del abogado de la familia Quintana y del PLRA. Sin embargo, la empresa Tigo se negó a dar los datos debido a que feneció el plazo de seis meses en que quedan archivados los registros de llamadas, a excepción de algunos números que sí tenían registrados porque la fiscala Brígida Aguilar, en el marco de otra causa, supuestamente ya había solicitado. “Entonces ahí se da el tema del allanamiento”, dijo, procedimiento que no pudo realizarse precisamente porque la defensa del comisario Tomás Paredes Palma, quien estaría implicado en el asesinato del dirigente liberal, alegó para recusar a la fiscala Teresa Rojas cuando esta se predisponía a llevar adelante la intervención en la sede de la telefónica el pasado lunes.
“La nota (del medio impreso y digital que difundió la información) dice que la fiscala Aguilar fue la que pidió los extractos con los cuales se hicieron las publicaciones, eso es lo que da a entender”, afirmó. Sobre el punto, Duarte Cacavelos dejó en claro que nunca habló con la citada agente del Ministerio Público. “Yo nunca hablé con esta fiscal, lo que sé es que estaba en J. Augusto Saldívar. No tiene nada que ver con el caso del 31 de marzo”, aseveró.
Explicó que el pedido de esos números que supuestamente firmó la fiscala Aguilar se basa “en el marco de una causa que creo que es la Nº 199/17 o Nº 299/17, mientras que la publicación habla de otro número de causa (Nº 278/17), así que la noticia no se compadece con la respuesta de Tigo a mi causa”. Por esta razón, manifestó que la empresa telefónica debe investigar “quién le entregó la solicitud de los extractos de llamadas y a quién se la dio”.
Duarte Cacavelos estima que a partir de estas publicaciones afirma que probablemente “van a querer atacar la legalidad de nuestros datos y fuentes a medida que vayamos construyendo nuestro cruce de llamadas”, en referencia a ciertos sectores del oficialismo.
En este orden, enfatizó que el primer cruce de llamadas que salió a luz, en el que se vincula al excomandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, con gente muy cercana al presidente Horacio Cartes, (Luis Canillas y José Ortiz, entre otros), en realidad se basaron “en datos que ya estaban en la carpeta fiscal”.
Anunció que realizarán un nuevo cruce de llamadas con los datos que proveyó esta semana la firma Tigo. En este sentido, señaló que están esperando que la empresa Personal remita los extractos para culminar esa parte de la investigación.
Imagen: hoy.com.py.
Por último, Duarte Cacavelos maneja la conjetura de que el pedido de cruce de llamadas en realidad giraría en torno al caso Secta Moon, polémico caso de supuesto intento de estafa derivado de un conflicto de 480.000 hectáreas de tierras valoradas en US$ 15 millones. La parte denunciante es representada por el abogado Carmelo Caballero, cuyo número telefónico es solicitado en la nota supuestamente firmada por la fiscala Aguilar. Además, aparecen pedidos de números como los de José Fernández Paganetti, padre de José Fernández Zacur, abogado de la contraparte en el mismo caso.