Casati expuso que IMEDIC firmó un contrato con el Ministerio de Salud para importar 400 camas. Además, la venida a nuestro país de esta carga incluía otras 50 camas, pero de otro proveedor, para el abastecimiento de la compañía, pagando un flete privado.
En ese sentido, la cartera sanitaria contrató un fletero y un despachante quienes, al momento de llegar las mercaderías a nuestro país, informaron a las autoridades de IMEDIC que ocurrió un “error involuntario”, ya que las 50 camas “extras” fueron incluidas con el pedido de Salud. Esto fue notificado por medio de notas a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
Ante ello, el abogado indicó que fue pagado el impuesto respectivo y la multa correspondiente por falta administrativa de US$ 750.000.
“La imputación cuesta entender. No por su complejidad, sino por su particularidad UDEA (Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción). A Justo Ferreira solo lo imputan por ser el apoderado de IMEDIC. La Fiscalía crea una asociación criminal y le imputa una responsabilidad a mi cliente por ser apoderado. Por eso, como apoderado que soy ya de la empresa, estoy temeroso de que también me imputen con la teoría del Ministerio Público”, expresó Casati en diálogo con La Unión.
Casati anunció que sus clientes se presentarán en la audiencia de imposición de medidas, garantizando que no se muestran evasivos a la justicia. No obstante, aseguró que “en 30 años nunca he visto una persecución empresarial de esta naturaleza”.
La Fiscalia Anticorrupción imputó a Justo Ferreira, Patricia Ferreira, Carlos Gamarra, Lauri Pohl, Guillermo Molinas, Gustavo Acosta y Mario Olmedo por los hechos de Contrabando, Producción de Documentos no auténticos y Asociación Criminal.
Por su parte, el abogado Jorge Kronawetter dijo que la jueza del caso, Lici Sánchez, dispuso la cancelación de su personería jurídica para defender a Patricia Ferreira “porque ella se encuentra en rebeldía”.
En ese sentido, el abogado dijo que esta figura no se ajusta a la realidad de los sucesos ya que su defendida nunca antes había sido citada por la Justicia y que, a principios de mayo, incluso ya se pusieron a disposición del Ministerio Público. En ese sentido, dijo que hasta hoy día a la señora Ferreira no le han permitido acceder a la carpeta fiscal del caso y, por ende, no han podido acceder a los expedientes.