El abogado José Casañas Levi aclaró que el derecho a la privacidad e intimidad es constitucional siempre que el ciudadano se comporte dentro del marco de la ley. En ese orden, ejemplificó que “cuando uno se asocia para delinquir, prepara actos ilícitos, amenaza o extorsiona por teléfono, terminó la protección de la ley para él y es un elemento suficiente para que un fiscal inicie una investigación. Después irá citándoles a las personas, pidiendo información a la telefonía”, explicó en comunicación con La Unión R800 AM en referencia a los audios en los que involucran a varios políticos y allegados en casos de tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“Si es o no con orden judicial es un tema que se discutirá en el juicio en cuanto a validez de la prueba. Pero eso no le impide a la Fiscalía a hacer investigaciones para corroborar lo que se dice ahí”, expuso.
En este orden, criticó que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Javier Díaz Verón, con todas las pruebas que han salido a luz, aún no haya derivado el caso a la Unidad Anticorrupción. Así mismo, cuestionó la lentitud con la que actúa el Ministerio Público, mencionando que “el ritmo con el que se mueve es totalmente favorable a los delincuentes. Se mueven en cámara lenta mientras los otros andan en un jet. Es llamativo para no decir otra cosa”.
Señaló que la estructura de tráfico de influencias enquistada en el JEM se trata clara y categóricamente de una organización criminal. “Acá hay eslabones y mandos medios. En uno de los audios incluso (Raúl) Fernández Lippmann, por decir de alguna manera, le dice a Carmelo Caballero que hay que ‘aceitar’ los mandos medios. Toda esa estructura se llama asociación criminal. Está en el Código Penal”, afirmó.
Citó errores elementales que ha cometido la Fiscalía General del Estado en torno al caso, como, por ejemplo, que no haya aislado o lacrado el lugar del hecho, que es la presidencia y la secretaría del JEM, el despacho del Congreso. “Hay muchos lugares en donde hay mucha información. ¿Por qué no se hizo aún ningún allanamiento en las casas de las personas que aparecen en los audios? ¿Cuál es la razón? Esto ya comenzó en noviembre y aún no se hizo nada”, repudió, agregando que Díaz Verón, el mismo día en que se declaró la pérdida de investidura del entonces senador Óscar González Daher, debió haber emitido órdenes judiciales para allanar los mencionados sitios.
Casañas Levi señaló que es preocupante que, ante la presunta comisión de graves hechos punibles, la Fiscalía, que en teoría debe encargarse de las investigaciones, no se ha dado por enterada.
Por último, aseveró que la manera en la que está actuando el Ministerio Público “no puede actuar con solo con un fiscal y cuatro asistentes. La Fiscalía requiere del máximo potencial por quiénes son los involucrados y cómo estaban operando”.