Ayala aclaró que no hay dudas de la responsabilidad tanto de Arrom como de Martí sobre los hechos que se los acusan, como, por ejemplo, el secuestro de la empresaria María Edith Bordón de Debernardi, por el cual están prófugos. “No estamos en una situación donde la Comisión va a dictaminar si son inocentes o culpables de los hechos que se le atribuyen, sino en una en donde el Estado va a tener que responder de por qué torturó e hizo desaparecer a estas dos personas en el marco de esa investigación”, expresó en comunicación con La Unión.
Con respecto al dinero que se menciona, consistente en US$ 63 millones, aclaró que el informe de la CIDH no expresa en ninguna parte una suma monetaria y que esta fue solo solicitada por una de las víctimas. De hecho, mencionó que la Comisión cuando emite condenas siempre lo hace por montos mucho menores.
Antecedentes
Arrom y Martí se fugaron al Brasil en el año 2003, cuando estaban siendo procesados por el secuestro de María Edith Bordón, y en el vecino país lograron refugio político. Ambos están prófugos de la justicia paraguaya, acusados de ser los autores del secuestro de la conocida empresaria, sucedido el 16 de noviembre de 2001.