El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, aprobó este martes una amnistía para políticos presos, en un encendido primer debate en el que el chavismo prometió bloquear la aplicación de la ley, otro foco del conflicto de poderes que afecta al país.
Entre aplausos y gritos de “¡Libertad!” de familiares de los presos, el presidente legislativo Henry Ramos proclamó la aprobación por mayoría de la ley, tras un enardecido discurso contra el gobierno, que cerró más de cuatro horas de discusiones.
“Este gobierno en su agonía no podrá seguirse sosteniéndose de espaldas a la realidad nacional ni que metan presos, ni que amenacen con fusiles, ni que atropellen ni que chantajeen”, afirmó Ramos Allup, elevando el tono desde la tribuna del hemiciclo, ante de someter la ley a votación.
Minutos antes, Diosdado Cabello, número dos del chavismo y exjefe parlamentario, había igualmente prometido desde el estrado: “Aquí ustedes pueden hacer lo que quieran, pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida ni va a ser ejecutada. No va a haber libertad para los asesinos”.
Por tener la oposición mayoría calificada se da por descontado que se avalará en segundo debate en próximos días. Pero para aplicar esa ley se requiere la promulgación del presidente Nicolás Maduro, quien ya anunció que la vetará.
El diputado oficialista Elías Jaua calificó al proyecto como de “amnesia criminal” y dijo que los chavistas desconocían “desde ya” esa ley. “Exhortamos a los poderes públicos y a todas las autoridades civiles y militares a hacer lo propio”, afirmó.
“A esta ley le espera un largo camino. La liberación de los presos pasa por resolver el conflicto institucional que vive el país”, declaró a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández, al señalar que Maduro podría enviarla a revisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de servir al oficialismo.
La amnistía, que busca beneficiar a unos 75 disidentes presos, se aprueba justo dos años después de que fue detenido el opositor radical Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión.
El gobierno la rechaza al asegurar que beneficiará a “terroristas” y “asesinos”, como considera a López, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y que dejaron 43 muertes.
La amnistía es el proyecto emblemático de la oposición en el Congreso, si bien la prioridad -anunció al instalarse el 5 de enero-, es proponer una vía legal para acortar el mandato de Maduro (2013-2019). “Esta ley es la continuación del golpe de Estado, ampara cualquier hecho que haga la oposición venezolana para salir del gobierno (…), para acabar con la revolución”, manifestó Cabello en el Congreso.
La oposición reconoce que ni la amnistía ni la propuesta para el cambio de gobierno -una enmienda constitucional o un referendo revocatorio-, serán aplicables si no reforman instituciones clave. La enmienda podría quedar bloqueada en el TSJ y el referendo en el Consejo Nacional Electoral, al que la oposición también acusa de chavista.
“Van a salir del poder de manera democrática, constitucional, pacífica, electoral porque ustedes han causado una enorme desgracia en Venezuela”, les dijo a la bancada oficialista Ramos Allup, quien calificó al TSJ como un “organismo de vergüenza”.
Ramos agregó que “tres grupos militares” y cuatro en el partido oficialista están “cayéndose a cuchillo y forzando la renuncia” de Maduro.
La oposición decidió acelerar sus planes, luego de que el jueves el TSJ desconociera la decisión del Parlamento de negar un decreto de emergencia dictado por Maduro para enfrentar la grave crisis económica.
Al debate acudieron familiares de opositores presos, entre éstos Lilian Tintori, esposa de López, y del alcalde Caracas, Antonio Ledezma, detenido hace un año, acusado de conspiración y asociación para delinquir, por lo cual la Fiscalía pide condena de 16 años.
“Leopoldo está encarcelado injustamente”, dijo Tintori, quien por los dos años de detención de su esposo encabezará un acto en el Parlamento el jueves, acompañada de los premios Nobel de la Paz y ex presidentes Lech Walesa (Polonia) y Oscar Arias (Costa Rica).
También acudieron seguidores del gobierno que acusan los opositores de las muertes de 2014. “No son presos políticos, sino personas que llamaron a la violencia y cometieron terrorismo. Rechazamos la ley de impunidad”, dijo Desiré Cabrera, vocera de un comité de víctimas de las protestas afín al oficialismo.
La oposición planea una manifestación el sábado y otros actos en favor de la amnistía esta semana, mientras que los seguidores del gobierno también planea mitines en contra.
Fuente: Infobae.com