“Es preocupante, pero dentro de un escenario de resistencia de una política tradicional que se niega a cambiar sus formas, es hasta normal que se produzca esto”, cuestionó González en contacto con La Unión.
En ese orden, dijo que la decisión de la DNCP genera una “fractura del Estado de Derecho”. Sobre el punto, aseguró que, si definitivamente se suspende la licitación, la ciudadanía saldrá a manifestarse. “Estamos interesados en el proceso, es un impasse que se debe superar”, expresó.
González afirmó que propondrá en la Cámara de Diputados la convocatoria al Parlamento de los miembros del TSJE que manifieste explicaciones sobre la razón del retraso de la adquisición.
“La licitación tiene que correr con transparencia y prontitud. Esperamos que así sea, que se subsanen los errores que se tengan que subsanar, pero que no acabe el proceso”, manifestó la diputada.