El pedido de fiscalización guarda relación con un proceso de contratación para mantenimiento y reparación de vehículos del Ministerio de Justicia, ya que aparentemente los costos habrían sido multiplicados y, por ende, sobrefacturados.
“Nosotros presentamos a la DNCP que nos revisen los costos y que la misma haga un análisis en cuanto a los precios de las licitaciones. Es por ello que hacemos las comparaciones en cuanto a las reparaciones de vehículos y es ahí donde queremos ver lo que realmente está sucediendo. Sin embargo, encontramos también algunas inconsistencias que deben ser analizadas”, dijo Pérez en conversación con La Unión.
Citó como ejemplo que el mantenimiento regular de un vehículo del ministerio en el 2017 costaba G. 4 millones, mientras que solo dos años después, el mismo trabajo mecánico valió G. 10 millones. Además, dijo que un indicio de que habría habido alguna irregularidad es que no se siguieron los parámetros normales de pago por estos servicios establecidos por normativa de la Contraloría General de la República (CGR).
Los contratos fueron firmados con el taller mecánico “RC”, propiedad de Crispín Rufinelli.
Por su parte, Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP),
“La empresa de Crispín Ruffinelli es una de las más reconocidas junto a otras tres más o menos en el rubro de reparación de vehículos. Se tiene que denunciar el incumplimiento, proceder a la revisión contractual y revisión del pago de la póliza”, expuso Seitz en diálogo con La Unión.
Indicó que la tarea que realizará la DNCP será comprobar cada uno de los pagos que llevó a cabo el Ministerio de Justicia para verificar si ha tenido una contraprestación efectiva por parte del taller RC. “Lo más importante consiste en ver si lo pagado corresponde a un servicio prestado”, subrayó.
Cambios de dirección en penitenciarías
Por otro lado, la ministra Cecilia Pérez recordó que hubo cambios de direcciones en penitenciarías y el Registro Civil. Domingo Amarilla Florentín fue designado nuevo director del Penal Nacional de Tacumbú, en reemplazo de Óscar González Olmedo. También Elpidio Ramón Alvarenga Florenciáñez fue designado nuevo titular del penal de Pedro Juan Caballero, en reemplazo de Amarilla Florentín. Así mismo, Virgilio Duarte fue nombrado director de la Penitenciaría Regional de San Pedro, en reemplazo de Adán González Álvarez.
En el caso de González Olmedo, fue reemplazado a raíz de amenazas que denunció haber recibido tras el allanamiento del laboratorio de cocaína que se había realizado dentro del Penal de Tacumbú.